Las organizaciones ecologistas ECODES, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Transport & Environment reclaman incluir las emisiones reales de CO2, reservar la etiqueta CERO a los vehículos sin emisiones y eliminar la «confusa» etiqueta ECO que «beneficia» al gas y a los SUV híbridos de entre los nuevos distintivos ambientales que actualizará la Dirección General de Tráfico (DGT).
En concreto, las organizaciones han publicado este miércoles sus propuestas, que pasan por incorporar un umbral de emisiones de CO2, de forma que «para cada categoría se han de cumplir tanto los requisitos de norma Euro correspondientes como un determinado tope de emisiones de CO2, siempre medidos bajo estándar WLTP».
Además, quieren limitar el distintivo CERO como categoría más limpia únicamente para los vehículos con emisiones nulas ‘in situ’ como son los eléctricos puros y los de pila de combustible, así como sustituir el actual distintivo ECO, «eliminando así la confusión actual en el imaginario colectivo, e incorporando un nuevo distintivo D que permita distinguir a los vehículos de combustión interna más eficientes y menos contaminantes».
Los ecologistas también proponen modificar los colores otorgados a cada distintivo reservando el color verde exclusivamente a la categoría CERO, «al ser el color que tradicionalmente se identifica con los valores medioambientales».
ECODES, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Transport & Environment han presentado estas propuestas para actualizar los distintivos ambientales de la DGT en una rueda de prensa ‘online’, que ha contado con la participación del presidente de ECODES, José Ángel Ruperez; Nuria Blázquez, de Ecologistas en Acción; Adrián Fernández, de Greenpeace; y Carlos Bravo, de Transport & Environment.
UNA REFORMA «IMPRESCINDIBLE»
En su intervención, José Ángel Ruperez ha afirmado que «es sabido que múltiples estudios de carácter científico relacionan inequívocamente la salud con la contaminación del aire» y ha añadido que «en las ciudades los vehículos son la principal fuente de contaminación del aire de la ciudad». «Es imprescindible la reforma y actualización de este sistema de instintivos ambientales», ha declarado el presidente de ECODES.
Para Nuria Blázquez, las etiquetas «son herramientas útiles, sobre todo, para las ciudades que quieran poner zonas de bajas emisiones». No obstante, ha alertado de que «tal como están diseñadas, no sirven para lo que tendrían que servir» y ha puesto como ejemplo que «vehículos muy contaminantes pueden obtener una clasificación muy buena como es la clasificación C, que ahora mismo sería de las mejores que tienen las etiquetas».
Por su parte, Carlos Bravo, de Transport & Environment, ha insistido en que «el sector del transporte es el responsable del 29% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España» y, dentro de este, el transporte por carretera «es el que más contribuye a estas emisiones, siendo el responsable del 26% del total».
«Aproximadamente un 10% de las emisiones totales de España de gases de efecto invernadero son ocasionadas por el transporte en las urbes. Por lo tanto, es innegable que las ciudades tienen un papel fundamental que cumplir en la lucha contra el cambio climático», ha manifestado Bravo, que considera que es algo que la DGT «tiene que asumir».
«MÁXIMO RIGOR TÉCNICO»
Adrián Fernández ha calificado la propuestas de las organizaciones ecologistas de «objetiva» y del «máximo rigor técnico» porque «antepone las emisiones reales como el criterio para distinguir a los coches según su contaminación». «Acabamos así con las carencias del actual sistema de distintivos», ha zanjado.
Nuria Blázquez ha puesto de relieve que la propuesta ha sido presentada a la DGT, así como a los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La representante de Ecologistas en Acción ha comentado que el encuentro con la DGT les «impresionó mucho» y que fue una reunión «muy dura», entre otras cosas, por la «negativa tremenda» a incluir las emisiones reales de CO2 en las etiquetas, y porque les indicaron que lo «dialogarían con el sector de la automoción». «Entendemos que es una legislación ambiental, en la que tiene que tener cabida la opinión de organizaciones como las nuestras y una consulta pública, por su puesto», ha zanjado.
