Cerca de 1 de cada 10 mujeres en el mundo no puede tomar sus propias decisiones sobre anticonceptivos, según el informe Estado de la Población Mundial 2024 que publica el UNFPA, el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la salud sexual y reproductiva.
En el 40 por ciento de los países que disponen de datos al respecto, la autonomía corporal de la población femenina es cada vez menor. Además, el informe alerta de que el 25 por ciento de las mujeres en el mundo no puede negarse a mantener relaciones sexuales.
En suma, millones de mujeres y niñas pertenecientes a las comunidades más marginadas no se han beneficiado de los progresos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos que se han extendido por todo el mundo en los últimos 30 años debido a su identidad o su lugar de nacimiento.
Bajo el título ‘Vidas entrelazadas, hilos de esperanza: eliminar las desigualdades en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos’, el documento hace énfasis en el papel del racismo, el sexismo y otras formas de discriminación como obstáculos que dificultan que la población femenina avance en este ámbito.
Las mujeres y las niñas pobres, aquellas que pertenecen a minorías étnicas, raciales o indígenas o que se ven atrapadas en entornos de conflicto tienen más probabilidades de morir porque no pueden acceder a la atención sanitaria oportuna.
Si una mujer en África sufre complicaciones durante el embarazo y el parto, tiene una probabilidad de morir casi 130 veces mayor que si viviera en Europa o América del Norte. Se calcula que más de la mitad de muertes maternas evitables tiene lugar en países que atraviesan crisis humanitarias y conflictos.
La cifra equivale a casi 500 fallecimientos al día. En América, las mujeres afrodescendientes tienen más posibilidades de morir durante el parto que las mujeres blancas. En los Estados Unidos, dicha tasa triplica al promedio nacional.
Las mujeres pertenecientes a grupos étnicos indígenas tienen más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Las mujeres con discapacidad presentan hasta diez veces más probabilidades de sufrir violencia de género que aquellas sin discapacidad. Además, las personas de orientación sexual y expresión de género diversas se enfrentan a la violencia y a grandes obstáculos para recibir asistencia.
Este año se conmemora el trigésimo aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de El Cairo, un momento histórico en el que 179 gobiernos adquirieron el compromiso de convertir la salud y los derechos sexuales y reproductivos en un eje central del desarrollo sostenible.
No obstante, los logros corren peligro. Millones de mujeres y niñas siguen muy rezagadas y los avances respecto a indicadores fundamentales se han ralentizado o estancado: todos los días mueren 800 mujeres al dar a luz, una cifra que no ha cambiado desde 2016.
«En el transcurso de una generación, hemos conseguido frenar la tasa de embarazos no intencionales en casi una quinta parte, hemos reducido la tasa de muertes maternas en un tercio y hemos logrado que más de 160 países promulguen leyes contra la violencia doméstica», explica la doctora Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA.
«A pesar de estas mejoras, las desigualdades en el seno de las sociedades y los sistemas de salud están empeorando y no hemos otorgado la debida prioridad a alcanzar a las personas más rezagadas. Nuestra labor dista mucho de acabar, pero no es imposible si contamos con inversiones sostenidas y la solidaridad de la comunidad internacional», ha expresado.
LOS FOCOS DE DESIGUALDAD A NIVEL NACIONAL SE RESISTEN A DESAPARECER
Los datos que ofrece el informe apuntan a hechos «preocupantes», según sus autores. «Para demasiadas mujeres y niñas, el acceso a anticonceptivos, servicios de asistencia al parto, atención materna basada en el respeto y otros servicios vitales de salud sexual y reproductiva queda fuera de su alcance», señalan.
Las mujeres más ricas de Madagascar son cinco veces más propensas que las más pobres a dar a luz con ayuda de profesionales cualificados. En Albania, el 90 por ciento de las mujeres gitanas que pertenecían al grupo socioeconómico más marginado tuvo problemas notables para acceder a la atención de la salud, mientras que solo el 5 por ciento de las mujeres de etnia albanesa que pertenecían al grupo socioeconómico más privilegiado se topó con las mismas dificultades.
Las mejoras en lo referente al acceso a la atención de la salud han beneficiado sobre todo a las mujeres más ricas y a las que proceden de grupos étnicos que ya disfrutaban de un acceso más amplio a dichos servicios. Las mujeres y niñas con discapacidad, las personas migrantes y refugiadas, las minorías étnicas, el colectivo LGBTQIA+, las personas que viven con el VIH y las castas desfavorecidas corren un mayor riesgo de sufrir problemas de salud sexual y reproductiva y un acceso desigual a la atención sanitaria de esta índole.
Su vulnerabilidad se agrava como consecuencia de factores de gran incidencia como el cambio climático, las crisis humanitarias y las migraciones masivas, que a menudo tienen un efecto desproporcionado sobre las mujeres que viven en los márgenes de la sociedad.
SE NECESITAN INVERSIONES, SOLIDARIDAD Y SOLUCIONES ADAPTADAS
El informe recalca la importancia de adaptar los programas a las necesidades de las comunidades (en lugar de seguir enfoques genéricos a gran escala) y de empoderar a las mujeres y las niñas de modo que conciban y pongan en ejecución soluciones innovadoras.
Según sus cálculos, si se invirtieran otros 79.000 millones de dólares (74.269 millones de euros) en países de ingreso medio y bajo de aquí a 2030, por ejemplo, se evitarían 400 millones de embarazos no deseados, se salvaría la vida de un millón de personas y se generarían beneficios económicos por un valor de 660.000 millones de dólares.
