La tasa de actividad de las personas con discapacidad en España alcanza el 34,6% o, lo que es lo mismo, el 65,4% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo ni lo busca, según datos dados a conocer por Fundación Adecco en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra este 1 de mayo.
La Fundación destaca que, a pesar de que la contratación de este colectivo ha experimentado un fuerte ascenso en los últimos años, la mayoría de los contratos vienen suscribiéndose en el ámbito de los Centros Especiales de Empleo, empresas cuya plantilla está formada por un 70% de trabajadores con discapacidad, como mínimo, y considera que su presencia en las empresas ordinarias «sigue siendo deficitaria» al tiempo que añaden que el camino por recorrer «aún es muy largo».
En este sentido, indican que mientras que en los tres primeros meses de 2022 el 28,3% de los contratos a personas con discapacidad se celebraron en empresas ordinarias, el porcentaje ha crecido hasta el 33% en el mismo periodo de 2023 por lo que se ha incrementado 4,7 puntos porcentuales.
Si se hace la comparativa con el mismo periodo de 2021, la proporción de contratos en empresas ha crecido 8 puntos porcentuales, ya que entonces la proporción de contratos en empresas ordinarias era del 25%. De este modo, añaden, los contratos en la empresa ordinaria han descendido en número, pero su proporción lleva dos años consecutivos aumentando en porcentaje aunque precisan que «aún es pronto para saber si este incremento porcentual se consolidará en tendencia».
«La incorporación de personas con discapacidad es un asunto prioritario para muchas compañías, y ello se refleja en una mayor proporción de contratos a personas con discapacidad en el marco empresarial, pero siguen encontrando importantes obstáculos para incorporar a estos profesionales en sus plantillas», afirma el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero.
«Dificultades en el proceso de reclutamiento, desconocimiento o falta de experiencias previas son algunas barreras que complican el acceso de las personas con discapacidad a las empresas. Por otra parte, y partiendo de la innegable labor de los Centros Especiales de Empleo en la formación y desarrollo de las personas con discapacidad, resulta fundamental potenciar el trasvase hacia empresas ordinarias, a través de indicadores cuantificables», afirma.
Entre las barreras, la fundación hace alusión a que un 75% de las empresas declara no encontrar profesionales con discapacidad con un perfil que se adapte a sus vacantes, mientras que un 13% teme que las personas con discapacidad se ausenten más de su puesto de trabajo, un 8,8% cree que la cultura organizacional no está preparada para incorporar trabajadores con discapacidad y un 5,9% considera que las personas con discapacidad necesitan adaptaciones al puesto de trabajo que son muy costosas, entre otras cuestiones.
Por otro lado, según el último informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de Fundación ONCE, Odismet, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral tiene un empleo. Así, la tasa de empleo del colectivo es del 26,9%, frente al 66,3% de la población en general. En cuanto a la tasa de paro de las personas con discapacidad, se cifra en un 22,5%, frente al 14,7% de las personas sin discapacidad.
No obstante, el documento destaca que la contratación de personas con discapacidad ha experimentado durante 2022 un crecimiento del 2,3 % después de una caída del 30% en 2020, según los últimos datos del Servicio Público Estatal. Los centros especiales de empleo actuaron como la pieza clave para la inclusión laboral del colectivo ya que en 2022 fueron los responsables del 27,8% de los contratos.
Respecto al nivel formativo, Odismet identifica en su estudio que el 20,3% de las personas con discapacidad tienen estudios primarios o inferiores, el 61,1% han cursado secundaria y el 18% tienen estudios superiores. Estos porcentajes en la población en general son del 6,1%, 55,8% y 38,1%, respectivamente, lo que según sus autores evidencia las menores oportunidades para acceder a empleos de mayor cualificación y en general con mejores condiciones laborales.
El salario medio anual bruto de las personas con discapacidad se sitúo en 20.799,3 euros brutos anuales de media en 2022, un 17,8% menos que la población general. En cualquier caso, el estudio pone de manifiesto que tener empleo no evita el riesgo de exclusión social del colectivo, con un 33% en situaciones de riesgo de pobreza o exclusión social, porcentaje que se incrementa al 36,3% en el caso de los jóvenes.
«El acceso al empleo para los y las jóvenes con discapacidad en general, y con discapacidad intelectual y del desarrollo en particular, sigue siendo una asignatura pendiente para quienes diseñan las políticas públicas de fomento del empleo en este país», denuncian por su parte desde Plena inclusión y la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS), dos plataformas asociativas que gestionan 4.000 centros y servicios en los que se prestan apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Para hacer frente a esta situación, Plena inclusión ha desplegado en 2023 diversas iniciativas en torno al objetivo de la sostenibilidad y desarrolla en 13 de sus asociaciones el proyecto ‘Empleo Joven’ para fomentar la empleabilidad de jóvenes con discapacidad intelectual, al tiempo que han alertado de que la tasa de empleo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo no ha recuperado los datos que registraba en los años previos a la pandemia, hace ya cuatro años. Además, advierte de que este colectivo «sigue siendo la más baja de la población con discapacidad».
Para el movimiento asociativo es preocupante esta «baja participación en el mercado de trabajo», ya que esta cifra supone que «apenas dos de cada diez trabajan». En este sentido, recuerda la existencia de una cuota de reserva para trabajadores con discapacidad para empresas de más de 50 trabajadores.
LOLA Y BORJA: «VALEMOS MUCHO»
El presidente de la entidad en Madrid, Tomás A. Sancho afirma «que es preciso concienciar a las empresas en el cumplimiento en el ámbito del empleo de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad».
Con este objetivo, Plena Inclusión Madrid ha puesto a disposición de las empresas su red de servicios de inserción laboral que, bajo la marca REDempleo, les ofrece «la experiencia y confianza necesaria para garantizar el éxito en la inserción laboral, acompañando tanto a la persona como a la empresa en la incorporación al puesto de trabajo».
Como ejemplo de esta labor, la organización, ha recogido los testimonios de Loli Gil y Borja Santos, dos personas con discapacidad intelectual que han conseguido hacerse un hueco en el mercado ordinario. «Hay muchas empresas que se piensan que las personas con discapacidad no valemos. Pero valemos mucho» ha explicado Loli Gil. Borja Santos, por su parte, ha explicado que se siente «útil». «Porque con un trabajo con apoyos puedo sacar las tareas adelante y crecer profesionalmente», ha afirmado.
Desde Plena Inclusión explican que esos apoyos «son un recurso fundamental, a veces poco conocido por las empresas que, por su número de personas empleadas están obligadas a contratar a personas con discapacidad». La entidad quiere poner estos servicios disposición del colectivo y las empresas, según ha afirmado Sancho, quien ha señalado que es una forma de que «afronten el proceso con todas las garantías de éxito».
