El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, encabeza este lunes en el alto tribunal el acto formal de inauguración del año judicial, que estará marcado por la polémica en torno a la no renovación del actual CGPJ, que lleva más de mil días con el mandato vencido, aunque como telón de fondo estarán también las novedades en las pesquisas del Ministerio Público sobre el origen de la fortuna del Rey emérito.
El acto solemne tendrá lugar a las 12.00 horas en el Salón de Plenos del TS presidido por Felipe VI y con Lesmes como maestro de ceremonias, puesto que será el encargado de pronunciar el discurso inaugural del año judicial 2021/2022.
El escenario servirá asimismo para que Delgado presente los datos de la Memoria de la Fiscalía de 2020, que ya entregó el pasado viernes tanto al Rey como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sendos actos protocolarios.
Está previsto que acudan otras altas autoridades, entre ellas la ministra de Justicia, Pilar Llop; el presidente del Senado, Ander Gil; las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, María Teresa Fernández de la Vega y María José de la Fuente, respectivamente; y el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.
Se espera igualmente la asistencia del líder de la oposición, Pablo Casado, y de destacados miembros del mundo de la Justicia, como el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, los ex presidentes del TS Pascual Sala y Gonzalo Moliner, magistrados del propio Supremo, los vocales del CGPJ, fiscales, abogados del Estado y letrados de la administración de justicia.
NEGOCIACIONES FRUSTRADAS
A punto de cumplirse tres años desde que el CGPJ debió renovarse (en diciembre de 2018), esta cuestión marcará la ceremonia anual en el Supremo. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, Lesmes aludirá a la situación de bloqueo para instar a los grupos parlamentarios –encargados en última instancia de nombrar a los vocales– a que cumplan su responsabilidad constitucional.
Las mismas fuentes descartan, en cambio, que vaya a dimitir. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) planteó esta posibilidad como una forma de ejercer presión sobre el PP, al que culpa de la parálisis, para que se avenga a pactar con el Gobierno la nueva composición del CGPJ. Sin embargo, las citadas fuentes estiman que sería una irresponsabilidad dejar descabezado el Poder Judicial en una coyuntura de crisis.
En este tiempo ha habido varios conatos de pacto para renovar el CGPJ. El último fue el pasado mes de febrero, pero descarriló por el veto del PP a dos ‘candidatos’ impulsados por Unidas Podemos, José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Posteriormente, el ya ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo insistió en que el acuerdo estaba hecho a falta de que el Partido Popular accediera a hacerlo público.
Ahora, el PP reclama al Gobierno que reforme la ley para permitir que sean los propios jueces quienes designen a los 12 vocales del turno judicial, pero desde el Ejecutivo responden que primero hay que renovar el actual CGPJ, situando para después un eventual debate sobre el modelo de elección de sus miembros. En una «democracia plena» como la española, «los jueces no pueden elegir a los jueces», afirmó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la Cadena SER.
«HARTAZGO» EN EL CGPJ
En este contexto, las fuentes aseguran que en el CGPJ empieza a extenderse una sensación de «hartazgo» que ha llevado a sus integrantes a explorar soluciones para evitar el colapso de la Justicia al que abocaría el cóctel explosivo que forman el estancamiento en las negociaciones para renovar el Poder Judicial, por un lado, y la reforma legal que impide que un CGPJ en funciones pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, por otro.
La situación más preocupante se da en el TS, específicamente en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que debe resolver los recursos presentados por PP, Vox y Ciudadanos contra los indultos concedidos a los condenados por el ‘procès’, ya que actualmente todas sus secciones cuentan con cinco magistrados, el mínimo legal para poder dictar sentencia, de modo que una baja en cualquiera de ellas dejaría inoperante la sección afectada.
La Comisión Permanente del CGPJ ha empezado a sopesar opciones en un debate que –insisten las fuentes– es preliminar pero podría tomar forma yendo a Pleno en los próximos meses. Una de las vías analizadas es convocar plazas en comisión de servicio para ‘fichar’ jueces de otros tribunales que cubran temporalmente las vacantes. Otras voces han puesto sobre la mesa la posibilidad de recurrir a magistrados del TS ya jubilados, aunque esta alternativa suscita dudas.
En las asociaciones judiciales también se hace patente el enfado. Tanto la APM –la mayoritaria en la carrera– como la AJFV, FJI y JJpD creen que es insostenible seguir prolongando la interinidad del CGPJ y han solicitado reunirse con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, para trasladárselo.
LA INVESTIGACIÓN SOBRE JUAN CARLOS I
Previsiblemente, las diligencias de investigación que la Fiscalía del TS, junto a Anticorrupción, lleva a cabo sobre el Rey emérito también planearán sobre este acto inaugural, después de que ‘El Mundo’ desvelara el viernes que el Ministerio Público cree que Don Juan Carlos cobró comisiones internacionales de forma ilegal que podrían traducirse en delitos contra la hacienda pública, de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.
De acuerdo con este periódico, la Fiscalía cursó el 24 de febrero una comisión rogatoria a las autoridades suizas para conocer las cuentas bancarias que la Fundación Zagatka tuviera allí. El Ministerio Público ha confirmado que se ha solicitado información a varios países, incluido Suiza, y que de su respuesta dependerá que se puedan «confirmar o descartar esos indicios o incluso abrir otras vías de investigación».
El abogado del Rey emérito ha denunciado vía comunicado que se ha vulnerado la presunción de inocencia de su cliente por las «graves afirmaciones» que la Fiscalía habría vertido en la comisión rogatoria, que asegura que carecen de «la más mínima justificación».
El interés en la Fundación Zagatka, propiedad Álvaro de Orleans-Borbón –primo lejano de Don Juan Carlos–, reside en que habría abonado gastos del ex jefe de Estado hasta 2018, esto es, después de su abdicación, cuando perdió el privilegio de la inviolabilidad. El antiguo monarca aparecía como beneficiario, si bien Casa Real explicó que él lo desconocía y que, en cualquier caso, renunciaba a ello.
La Fiscalía tiene abiertas tres líneas de investigación en torno a Don Juan Carlos: por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; por el presunto uso de tarjetas opacas con cargo a cuentas en las que no figura como titular; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
Ante estos hechos, el antiguo monarca ha hecho dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas ‘black’ vinculadas al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por los gastos costeados por la Fundación Zagatka.
En mayo, se supo que la Agencia Tributaria notificó a Juan Carlos I la apertura de una inspección para comprobar la veracidad de ambas regularizaciones. Fuentes de Zarzuela han confirmado que Casa Real ha facilitado a Hacienda la información relativa a los pagos realizados al Rey emérito desde su abdicación en junio de 2014 hasta la retirada de su asignación oficial en marzo de 2020.
