La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, ha reconocido este martes que es probable que la relación futura con Reino Unido tras el Brexit, aun en el caso de que haya un acuerdo, no cubrirá todas las expectativas españolas.
«Pese a todos los esfuerzos, creo que tenemos que ser realistas y estar preparados para que en algunos ámbitos los resultados de la negociación difieran de nuestros intereses», ha advertido en una comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE en la que ha reconocido también que el acuerdo, aunque es posible, es «difícil de alcanzar».
Con o sin acuerdo, a partir del 1 de enero de 2021 la relación con el Reino Unido será «sustancialmente distinta» y administraciones, empresas y ciudadanos deben estar preparados. En ese marco, el Gobierno ha convocado a las comunidades autónomas a una Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) para abordar el impacto del Brexit.
Según ha explicado, las prioridades del Gobierno español son la protección de los derechos de los ciudadanos, las garantías para la flota pesquera, el acceso al mercado británico para los productos agrícolas españoles y un acuerdo lo más ambicioso posible de movilidad, sobre todo en el sector del transporte.
Sin embargo, ha apuntado también que Reino Unido «es soberano para decidir su grado de ambición» y quizá no tiene tanta como los europeos, de manera que «de eso dependerá el resultado» de la negociación. «Nos seguimos encontrando lejos de donde nos gustaría», ha reconocido.
A ello se suma, ha dicho, la «perspectiva de que el supuesto deseo británico de negociar ‘en túnel’ y concluir antes del 15 de noviembre» puede no ser más que una estrategia de «presión» sobre la UE
Así, ha señalado que hay materia sobre las que el acuerdo sería sencillo, pero «debido a que el Reino Unido ha rebajado sustancialmente su nivel de ambición» y eso «en determinados ámbitos no es una buena noticia para España», que siempre ha querido «una relación futura estrecha».
En este momento, sigue habiendo diferencias importantes en materia pesquera, porque Reino Unido mantiene una posición que reduciría en gran medida las posibilidades de pesca en sus aguas; y en lo relativo al «terreno de juego» para evitar una competencia desleal en ámbitos como la fiscalidad, medio ambiente o derechos laborales; también en lo relativo a la gobernanza del acuerdo.
En todo caso, ha asegurado que España tiene un plan de contingencia para el caso de que el Brexit se produzca sin acuerdo que se elaboró antes del acuerdo de retirada pero que se sigue poniendo al día. Existe también un plan de contingencia europeo que no se ha dado a conocer para no «menoscabar la posición negociadora».
IBERIA ES «CONSIDERADA UNA COMPAÑÍA ESPAÑOLA»
En cuanto a la situación de Iberia, se ha limitado a señalar que «es considerada una compañía española y por lo tanto tiene posibilidad de continuar ofreciendo vuelos entre Reino Unido y España», pero no ha dado más detalles ni ha hablado de los vuelos dentro de España, como le preguntó Ciudadanos.
En cuanto a Gibraltar, ha respondido a las críticas de Iván Espinosa de los Monteros (Vox), que la ha acusado de dar al Peñón «legitimida a cambio de nada» y de haber «echado por tierra una posición de 300 años en nueve meses» con su decisión de reunirse con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.
«Soy la tercera ministra que se reúne con el chief minister de Gibraltar que se sepa y hay algunos más que no se sabe, pero como no quiero entrar en ese juego, prefiero que se sepa», ha zanjado González Laya. Según ha dicho, lo que habló con él es algo que ha «costado 300 años, cuatro acuerdos por los que se regulan cosas que importan al Campo como la fiscalidad, el tabaco, el medio ambiente o los derechos de los ciudadanos».
NEGOCIACIONES SOBRE GIBRALTAR
La ministra ha señalado que, en paralelo a las negociaciones del Brexit, continúan negociaciones técnicas entre España y Reino Unido sobre la relación futura con Gibraltar y ha recalcado que éstas «tienen como prioridad el beneficio de los ciudadanos y trabajadores» y tratan movilidad de personas y trabajadores, el transporte, bienes y servicios, policía y aduanas, o fiscalidad y medioambiente.
«Sin renunciar a nuestros derechos de soberanía, no renunciamos tampoco a un objetivo: responsabilidad y prosperidad compartida a ambos lados de la verja», ha asegurado.
Por último, ha reiterado su preocupación por la ley británica de mercado interior, porque «significa que Reino Unido está unilateralmente renunciando o reescribiendo el pacto al que se llegó» y eso daña la posibilidad de alcanzar nuevos compromisos.
«La mejor manera de responder a Reino Unido es subrayando lo dañino que es para su posición internacional que sus socios no puedan confiar en la palabra que les ha dado», ha dicho, confiando en que el mensaje sea escuchado.
