El próximo martes, 13 de septiembre, expirará el plazo fijado por el Gobierno en la última reforma legal para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, es poco probable que pueda cumplir a tiempo, ya que en su primer intento, el pasado jueves, se limitó a fijar las «reglas del juego» para avanzar después hacia los nombres, que aún no se han debatido formalmente.
El tiempo comenzó a correr el pasado julio, cuando Congreso y Senado aprobaron una nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que devolvió al CGPJ su capacidad para efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial pero solo para que designara a sus dos aspirantes a la corte de garantías, ya que dicha reforma señala expresamente que debía hacerlo antes del 13 de septiembre.
De esta forma, el Gobierno, a través de esta iniciativa parlamentaria, enmendaba la primera reforma de la LOPJ que llevó a cabo en marzo de 2021 con el objetivo de forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces prohibiendo que designara magistrados para los altos tribunales mientras estuviera en funciones, situación en la que se encuentra desde hace casi cuatro años.
La necesidad de esta ‘contrarreforma’ surgió el 12 de junio, cuando caducó el mandato de cuatro de los doce magistrados del TC –su presidente, Pedro González-Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares–, porque se trata del tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ.
Ante la imposibilidad, por la primera reforma, de que el Consejo pudiera cumplir su parte, el Ejecutivo sopesó designar a sus dos candidatos al TC sin esperar al CGPJ, si bien las fuentes jurídicas consultadas por esta Europa Press arrojan dudas sobre la posibilidad legal de que los nominados por Moncloa puedan tomar posesión sin esperar a los del órgano de gobierno de los jueces.
Aunque el impedimento legal para que el CGPJ pudiera cumplir su obligación desapareció con dicha ‘contrarreforma’, los obstáculos para emprender la renovación parcial del TC han surgido ahora desde el propio Consejo.
AMENAZA DE BLOQUEO
Nada más aprobarse esta segunda reforma, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, convocó un Pleno extraordinario para el 8 de septiembre exhortando a los 18 vocales que lo componen en la actualidad a aprovechar este cónclave para nombrar a su dupla para el Constitucional.
No obstante, la «desafección» que el propio Lesmes ha reconocido que generó entre los vocales la decisión del Gobierno de habilitar al Consejo a realizar nombramientos pero solo para el TC propició que el denominado bloque conservador amenazara con negarse a efectuar dichas designaciones.
Este plante del ‘núcleo duro’ haría imposible los nombramientos porque los candidatos necesitan sumar una mayoría reforzada de tres quintos, esto es, doce votos y en estos momentos solo tendrían asegurados los ocho que aglutina el ala progresista, de modo que tendrían que apoyarles también cuatro conservadores.
El pasado lunes, en el marco de la toma de posesión del nuevo fiscal general, Lesmes avisó de que no consentiría «un CGPJ en rebeldía» porque la nominación de dos aspirantes al TC es una obligación que la Constitución impone al Consejo.
Apenas 24 horas después, el martes por la noche, los conservadores celebraron una reunión interna para fijar postura. Así, decidieron «defender en todo caso la institucionalidad», lo que implica llegar a «acuerdos debidamente consensuados», según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.
Se abrían de esta forma a pactar los dos candidatos al TC, aunque con algunas condiciones: establecer primero las «reglas del juego» –cómo proceder para la propuesta y la votación– y respetar «los tiempos de decisión del Consejo».
CON «BUEN AMBIENTE» PERO SIN NOMBRES
En el Pleno del pasado jueves, los conservadores ofrecieron este ‘modus operandi’ a los progresistas y éstos aceptaron, en un debate que se desarrolló con «buen ambiente» pero sin que se hablara de nombres concretos para ocupar dos de los cuatro asientos en juego en la corte de garantías, de acuerdo con las fuentes consultadas.
El principal punto del protocolo alumbrado por el CGPJ es que el Pleno no se volverá a reunir hasta que haya dos candidatos decantados, aunque una vez convocado podrán postularse otros aspirantes.
Este Pleno podrá ser convocado por Lesmes a iniciativa propia o a petición de al menos cinco vocales y, según las normas internas del CGPJ, podría convocarse de cara al 13 de septiembre, si bien las citadas fuentes lo ven improbable.
