El Pleno del CGPJ aprobó este jueves, por 15 votos a 6, el informe crítico al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, del que han sido ponentes los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, después de que en un pleno anterior se decidiera el relevo del ponente de un informe favorable anterior, redactado por el vocal Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE.
Votaron a favor del texto el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.
Se opusieron los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Los vocales Clara Martínez de Careaga, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda anunciaron la formulación de un voto particular. El informe final incluirá algunas observaciones menores al texto de la propuesta, sin alterar su contenido sustancial.
El informe aprobado es muy crítico con el texto del Ejecutivo que contempla medidas de intervención para contener el aumento de precios del mercado del alquiler en las denominadas ‘zonas tensionadas’ por entender que esas limitaciones pueden causar inseguridad jurídica al invadir competencias de las comunidades autónomas.
Sobre la contención de precios, critica su alcance limitado y lo «farragoso» de las normas propuestas, añadiendo que, «nacido para combatir los efectos de la pandemia, su mantenimiento cuando haya decaído esta, quizás no resulte adecuada».
Los ponentes aseguran, además, que el coste patrimonial que implican las disposiciones finales del anteproyecto recaen sobre las espaldas de los arrendadores privados, que no serán “suficientemente compensados con los incentivos fiscales» previstos por las Administraciones Públicas.
Considera el informe que la «expropiación de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden completamente entre sí».
