El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta una semana plagada de reuniones destinadas a aclarar si finalmente los 8 vocales del sector progresista dimiten al unísono para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces –caducado desde el 4 de diciembre de 2018–, un paso que suscita tantas dudas jurídicas sobre sus consecuencias prácticas que se concibe ya como un golpe de efecto.
La primera cita de la semana será a las 19.00 horas del martes, cuando tiene previsto reunirse el bloque progresista para decidir si finalmente presenta una renuncia colectiva que podría llegar a paralizar el CGPJ, aumentando así la presión para lograr un acuerdo entre PSOE y PP que permita nombrar un nuevo Consejo.
Ya hubo un primer cónclave el pasado viernes, pero entonces solo pudieron participar 5 de los 8 vocales, por lo que se espera que el encuentro de este 28 de marzo sea más sustantivo, si bien no se descarta que los contactos se sucedan hasta el Pleno ordinario programado para el día 30.
Las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press indican que la intención del bloque progresista es llegar al Pleno con una posición clara que trasladar formalmente al presidente interino del Consejo, el vocal progresista Rafael Mozo, que es quien debe aceptar o rechazar las renuncias que se le planteen, así como al resto de sus compañeros –los 10 vocales del ala conservadora–.
Por ahora, no hay consenso interno sobre la cuestión mollar, esto es, la posible dimisión conjunta, siendo el único punto de coincidencia en el seno del bloque progresista que resulta «inaceptable» que el CGPJ siga sin renovarse, después de más de cuatro años en situación de interinidad y varias tentativas de acuerdo político, la última el pasado octubre a raíz de la dimisión del entonces presidente del Consejo, Carlos Lesmes.
En este momento, pesan más las dudas que las certezas entre los vocales progresistas, por lo que la pregunta a la que intentan responder estos días es hasta qué punto estaría en sus manos «estimular» la renovación del CGPJ, apuntando de este modo a una dimisión más simbólica que práctica.
MÁS DUDAS QUE CERTEZAS
La iniciativa, que partió de Álvaro Cuesta a raíz de la renuncia de Concepción Sáez –aún no aceptada–, podría bloquear el CGPJ porque necesita al menos 11 vocales para formar Pleno (10 más el presidente) y la salida de los 8 progresistas dejaría solo la decena de conservadores.
Sin embargo, la cuestión del ‘quorum’ no está exenta de debate. Desde el sector conservador se advierte de que ese mínimo imprescindible podría bajarse a tan solo 10 vocales si se considera que Mozo, al estar en el cargo de forma interina por la dimisión de Lesmes, es un vocal más.
El ala conservadora indica igualmente que, incluso en el caso de que no pudiera formarse Pleno, el CGPJ podría seguir trabajando con su Comisión Permanente, conforme al reglamento interno, pero este extremo también plantea interrogantes porque no está claro que pueda funcionar sin el presidente del CGPJ.
Los conservadores avisan además de que sus pares progresistas podrían incurrir en un delito de abandono de la función pública si dimiten. Desde el bloque progresista, este escenario se descarta completamente, porque llevan cuatro años ocupando el cargo de forma interina, sin contar con el precedente de Lesmes.
Así las cosas, desde ambos bandos reconocen numerosas dudas de índole jurídica, si bien coinciden en que la renuncia de los 8 vocales progresistas sería un golpe de efecto en el contexto de un CGPJ cada vez más deteriorado, por su situación de interinidad y las tensiones internas.
ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES GARANTIZADAS
En cualquier caso, las fuentes subrayan que el movimiento tectónico se produciría después de que el CGPJ hubiera finalizado la designación de los miembros judiciales de las juntas electorales provinciales de cara a los comicios del 28 de mayo, un proceso que culmina el próximo 4 de abril.
De esta forma, las elecciones autonómicas y municipales estarían garantizadas, no así las elecciones generales que está previsto que se convoquen a finales de este año. Para estas últimas, haría falta un CGPJ operativo.
Las fuentes recalcan asimismo que, aunque la decisión de dimitir es individual solo tendría sentido si se hiciera de forma conjunta, tanto por el simbolismo como por las consecuencias prácticas.
SÁEZ, EL DETONANTE
De momento, Mozo solo tiene sobre la mesa la carta de renuncia que Sáez le envió el 13 de marzo y que se conoció el pasado miércoles. El presidente interino tiene previsto desvelar en el Pleno si la acepta o la rechaza.
En la carta, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, Sáez plantea su renuncia como «ineludible». En primer lugar, porque el CGPJ lleva caducado más de cuatro años y, a pesar de haber «aguantado» todo este tiempo «no sin inquietud ni incomodidad», «en este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esa larga crisis».
En segundo lugar, la vocal señala a «la incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones», algo que dice ha terminado por «agotar» su «paciencia».
«Estimo inútil jurídica y políticamente mi continuidad en este escenario de radical y puede que ya irreversible degradación de la institución», concluye Sáez, nombrada a propuesta de Izquierda Unida.
Por su parte, en el sector conservador, aunque no son pocos quienes manifiestan esa misma sensación de hartazgo por su interinidad, descartan dimitir al estimar que causaría mayores problemas, sobre todo en la gestión ordinaria del Poder Judicial (bajas, libranzas, comisiones de servicio, etc), a lo que suman que la solución deben aportarla las fuerzas políticas, no los propios vocales.
