La mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial se muestra crítico y «molesto» con la Propuesta de Ley presentada este miércoles por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso dirigida a evitar que este órgano no pueda realizar nombramientos clave en periodo de funciones, según fuentes de la institución consultadas por Europa Press.
Las principales críticas tienen que ver con la forma empleada por los grupos sustentados por el Gobierno en funciones para plantear su propuesta, la de la Proposición de Ley, que supone una fórmula de tramitación legislativa ‘express’ que «hurta» al propio CGPJ y al resto de órganos consultivos la posibilidad de informar sobre las intenciones de la reforma.
Según fuentes del sector conservador de este órgano, eludir el pronunciamiento del Consejo sobre una modificación legislativa de sus competencias contraviene los estándares europeos establecidos al respecto, en especial al tratarse de unos cambios que afectan directamente al propio Consejo, que se regula además por ley orgánica.
La idea, sin embargo, no es novedosa. Así, los vocales designados a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta (quien fue diputado por este partido) y de IU Concha Sáez, vienen reclamando que se limite la realización de determinadas funciones por un Consejo General del Poder Judicial (CGP) que se encuentra ‘en funciones’ desde el 4 de diciembre de 2018, en especial la de realizar nombramientos, que es lo que plantea la Propuesta hecha pública este miércoles.
A juicio de ambos vocales, que han plasmado su posición en votos particulares tras los últimos nombramientos realizados, al considerarlo una extralimitación de sus competencias.
La mayoría del órgano del gobierno de los jueces, sin embargo, considera que están perfectamente legitimados para hacer nombramientos, si algunos se plantean por qué desde la propuesta legislativa hoy presentada no se ponen los mismos ‘peros’ en relación con otras funciones, como son las disciplinarias.
En todo caso, todos los vocales consultados por Europa Press coinciden en señalar que, antes que emprender ninguna reforma, se debería proceder de una vez a la renovación de este órgano, y si se considera proceder después a los cambios que se consideren necesarios.
Lamentan además que se esté dando una imagen muy negativa de este órgano, a modo de moneda de cambio en relación con otros asuntos políticos, que tiene que ver muy poco con la labor habitual que realiza el mismo.
En cuanto a los vocales que reclamaban este cambio, Sáez ha planteado votos contrarios a todos los nombramientos realizados por el Pleno desde el pasado mes de mayo de 2019.
Sus planteamientos se vieron en principio respaldados por otros vocales, como ocurrió tras el Pleno de septiembre de dicho año que que designó a varios magistrados en tres diferentes salas del Tribunal Supremo.
En las últimas sesiones, sin embargo, y tras constatarse una reincidente falta de acuerdo entre los dos principales partidos para pactar una renovación, los últimos nombramientos en la cúpula judicial contaron con un amplio respaldo, de la práctica totalidad de miembros de este órgano.
El vocal Cuesta, por su parte habló en su voto particular del pasado septiembre de «una injerencia política intolerable» lo que denomina el «boicot» a la renovación de este órgano, y considera que esta situación, que atribuye al PP, se mantiene «a propósito» para conseguir un resultado determinado en su funcionamiento.
En su voto particular, el exdiputado socialista reprochaba también al legislativo en 2018, una vez rotos los acuerdos de renovación «después de aquel célebre Whatsapp del Portavoz del PP en el Senado, de que controlaremos el TS por la puerta de atrás», continuó una tramitación parlamentaria iniciada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de la que destaca que no hizo previsión ni tuvo en cuenta los escenarios de ruptura, bloqueo y transcurso por agotamiento del mandato del órgano de gobierno de los jueces.
Con la propuesta presentada este miércoles, los dos partidos persiguen que el CGPJ no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial en periodo de funciones y se limite a funciones de mero trámite ordinario.
Los dos grupos parlamentarios pretenden debatir esta proposición de ley antes de que finalice el año, que se une así a la reforma del Poder Judicial que registraron para tratar de desbloquear su renovación, paralizada de momento a la espera de que el PP acceda a desbloquear el relevo del cupo de juristas.
De hecho, la limitación de competencias con periodo caducado del CGPJ ya era una cuestión que se recogía en dicha reforma y que ahora, con la nueva iniciativa, se define con mayor precisión.
