El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una resolución con el apoyo de 16 de sus 21 vocales en la que insta al Congreso de los Diputados a pedir opinión al Consejo de Europa sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) planteada por PSOE y Podemos para evitar que este órgano pueda realizar nombramientos discrecionales estando en funciones.
Reclama también poder realizar informe sobre este asunto, un trámite de consulta que había eludido la reforma planteada mediante la Propuesta de Ley ante el Congreso de los Diputados.
Concretamente, se insta al Congreso de los Diputados a que solicite el informe del CGPJ sobre la Proposición de Ley Orgánica «con fundamento en la defensa de la posición constitucional que el CGPJ tiene en nuestro Estado de Derecho como garante de la independencia judicial».
Ello es porque consideran que la reforma planteada por los partidos que sustentan al Gobierno afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial.
Igualmente, se insta a la Cámara baja a que solicite el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia -Consejo de Europa-) sobre la citada Proposición de Ley.
En el acuerdo los vocales ponen de manifiesto ante el Congreso la «necesidad de dar audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta, en particular las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia».
Además, instan a los parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado a que procedan «sin mayor demora a llevar a efecto la renovación del CGPJ, como reclamando se viene exigiendo desde esta institución». El acuerdo de CGPJ se pondrá en conocimiento dela Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ) «a los efectos oportunos».
Los vocales del sector progresista de este órgano Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez -todos ellos designados a propuesta del PSOE menos esta última, que llegó de la mano de IU- han votado en contra. El primero ha anunciado la formulación de un voto particular al que se adherirán los otros cuatro.
CUESTA PIDE QUE RENUNCIEN PARA OBLIGAR A RENOVAR
En una votación previa a la aprobación del acuerdo, estos cinco vocales han respaldado una enmienda alternativa presentada por Álvaro Cuesta en la que se proponía anunciar al Congreso y al Senado la decisión mayoritaria de los miembros del órgano de gobierno de los jueces de presentar su renuncia con efectos del 1 de enero de 2021 a los efectos de que las Cámaras hicieran sus previsiones institucionales correspondientes y cumplieran con su obligación de renovar el CGPJ. La enmienda ha sido rechazada con el voto de los otros dieciséis integrantes del Pleno.
En su resolución, el CGPJ recuerda que el artículo 561.1 LOPJ establece la obligación de someter los anteproyectos aprobados por el Gobierno al informe del Pleno de este Consejo, en tanto que conforme al artículo 561.1.9° LOPJ dicho sometimiento es «potestativo» en el caso de las proposiciones de Ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios.
En este punto, recuerdan la trascendencia constitucional de la modificación propuesta y la exigencia de *interpretación conforme* con el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que demanda que toda iniciativa legislativa «que delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, deba tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados».
Eso incluye, recuerdan al propio CGPJ y a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia -Consejo de Europa-) así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas. También resulta de lo anterior que el propio CGPJ comunique este acuerdo a la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ) a los efectos oportunos.
Esta exigencia de dar audiencia a todas las partes implicadas, añade la resolución, ha sido establecida por las instituciones europeas interpretando lo dispuesto en el art. 19.1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) en relación con el respeto a los principios propios del Estado de Derecho, entre los que ocupa un lugar destacado la independencia judicial que, con arreglo al art. 2 TUE, constituyen el fundamento de la Unión.
ADVIERTEN DE LA RESPUESTA EUROPEA
La infracción de esta exigencia, advierten los vocales, puede desencadenar el mecanismo de respuesta previsto en el art. 7 TUE. Así se ha expresado la Comisión Europea en sus recientes Recomendaciones (UE) 2017/1520 y 2018/103 y así se le ha recordado al Reino de España en sendas comunicaciones del portavoz de Justicia de la Comisión Europea del 15 de octubre y, más recientemente, del 4 de diciembre de 2020.
Igualmente, recuerdan el acuerdo alcanzado por el propio CGPJ el 30 de octubre pasado cuando el Pleno de este órgano ya expresó su preocupación ante una iniciativa parlamentaria que incluía, entre otros, el contenido de la nueva proposición de Ley, advirtiendo que permanecería «expectante» ante la evolución de los acontecimientos a los efectos de adoptar las decisiones oportunas.
Ese mismo acuerdo instaba a los grupos parlamentarios de las dos Cámaras que integran las Cortes Generales a que dieran cumplimiento lo antes posible a la obligación constitucional de proceder sin más demora a la renovación de este Consejo, una solicitud que reiteran en este momento.
