La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reprochado este viernes a la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, un mensaje en redes sociales donde cuestionaba la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el diputado Alberto Rodríguez y la posterior retirada del escaño por decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
En un comunicado, el órgano de gobierno de los jueces ha mostrado su «absoluto y rotundo rechazo» a las manifestaciones de Belarra «con mayor rotundidad que en otras ocasiones» porque atribuyen «la comisión de un delito a sus magistrados», una afirmación que, a su juicio, «excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión» además de «generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación».
El CGPJ ha recordado que Belarra es «un miembro del Poder Ejecutivo» por lo que este tipo de declaraciones sitúan «las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable».
La ministra ha calificado de «prevaricación» la retirada del escaño al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, y ha acusado al Tribunal Supremo de presionar a la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, para que se lo quitara pese a que «ambos sabían» que esa inhabilitación no es lo que dice la sentencia.
«Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación», ha escrito Belarra en Twitter.
En este contexto, el Consejo ha mostrado «su profundo malestar» por que las declaraciones «hayan sido formuladas por un miembro del Gobierno» y ha recordado que «son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido». En concreto, el órgano también afeó unas afirmaciones en 2020 al exvicepresidente Pablo Iglesias, a quien instó abstenerse de hacer una «utilización política de la Justicia» y «cuestionar su independencia».
El órgano de gobierno de los jueces ha defendido que el Tribunal Supremo y resto de juzgados y tribunales «han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad» independientemente de cual «sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes».
«Resulta imprescindible asimismo reafirmar una vez más que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles», ha reiterado.
Por último, el CGPJ ha vuelto a hacer un llamamiento «a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel» para que «no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles». Así, ha insistido en que «la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial».
El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Sin embargo, los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda han votado en contra, por lo que no se ha logrado unanimidad.
