Así lo indicó este lunes la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia en la que explicó que el formulario estará disponible “dentro de cuatro o cinco días” en la web de la Agencia Tributaria.
De esta manera, la ministra indicó que, una vez finalizado dicho plazo de solicitud, se transferirán, en un único pago, los 200 euros de esta medida cuyo objetivo es ayudar a hacer frente a la alta inflación actual a alrededor de 2,7 millones de personas que residen en hogares cuya renta fue inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supere los 43.196,4 euros. Aunque el pago está previsto, por tanto, desde octubre, fuentes de Hacienda apuntaron que desde el ministerio se intentarán acortar los plazos.
La medida, que forma parte del paquete que el Ejecutivo aprobó el pasado sábado, está destinada tanto a autónomos como a trabajadores por cuenta ajena y desempleados inscritos en las oficinas del servicio de empleo.
Se excluye de esta ayuda a quienes ya cobren el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o reciban pensiones del Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, ya que para estos colectivos el paquete contempla otras medidas concretas como la prórroga del incremento del 15% del IMV o de las pensiones no contributivas, que implica incrementos anuales superiores a los 200 euros.
La titular de Hacienda destacó que en caso de no haber aprobado este paquete de medidas, cuyo coste total el Gobierno estima en 9.000 millones de euros, la inflación sería entre dos y tres puntos superior.
En cuanto a la forma de financiar dicho coste, Montero recordó que el crecimiento económico y la creación de empleo experimentados en 2021 permitieron que la recaudación aumentara el pasado año en un 15%, por lo que dicho buen comportamiento, así como su “efecto arrastre” en 2022, permitirá cubrir dicho coste, además del mantenimiento de la creación de empleo, el nuevo impuesto a las eléctricas que el Gobierno quiere tener en vigor en 2023 con aplicación a 2022, y el crecimiento económico, que las organizaciones internacionales sitúan para España por encima del 4%.
