El Código Ético del PSOE impide a los cargos públicos del partido apoyar el indulto de condenados por delitos de corrupción, que es el caso del socialista José Antonio Griñán, a quien se ha impuesto una pena de seis años de prisión por prevaricación y malversación de fondos públicos en la trama de los ERE.
«Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves», se señala en el artículo 8.1 del Código Ético del partido que rige desde 2014, recogido por Europa Press.
Griñán, que había sido ministro de Sanidad y de Trabajo en los años noventa y que llegó a ser presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, fue condenado por hechos cometidos cuando era consejero de Economía de la Junta, entre los 2004 y 2009.
El mismo artículo del código ético añade un segundo punto recalcando que «los cargos públicos y orgánicos se comprometen a no solicitar su propio indulto si fueran condenados por los mencionados delitos» ligados a la corrupción.
En el caso de Griñán, no es él quien solicita su propio indulto, sino su familia, que tiene intención de registrar la solicitud de la medida de gracia en cuanto se haga pública el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, de la que hasta ahora sólo se ha adelantado el fallo.
DOS EXPRESIDENTES DE GOBIERNO APOYAN EL INDULTO
Y entre los primeros firmantes de la petición de indulto de Griñán aparecen los expresidentes Felipe González, que le nombró ministro en 1992, y José Luis Rodríguez Zapatero, que le promovió como presidente del partido en 2012.
González y Zapatero ya no son cargos públicos del PSOE, por lo que no estarían obligados por ese artículo del código ético, pero sí cuentan con una dotación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por su condición de ex presidentes del Gobierno de la Nación.
El PSOE subraya en sus normas de transparencia que el código ético «es de obligado cumplimiento para quienes ocupan un cargo público u orgánico o figuran en una lista electoral como candidato o candidata», supuestos que ya no afectarían a los expresidentes.
