El Congreso ha aprobado este jueves 18 de enero, en pleno extraordinario, la proposición de reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término ‘disminuido’, por 312 votos a favor, y 32 en contra, de los diputados de Vox, que en la toma en consideración de la iniciativa el pasado martes tampoco apoyaron la iniciativa, pero decidieron abstenerse. En total, han votado 344 diputados, ya que seis de ellos han faltado a la sesión, entre ellos la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y un diputado de Vox.
Ahora la Cámara Baja remitirá el texto al Senado, donde previsiblemente se aprobará de forma definitiva tras el acuerdo de PSOE y PP de no aceptar enmiendas de otros grupos parlamentarios. La sesión se ha vuelto a celebrar en el Senado por las obras en la Cámara Baja y la votación ha sido pública y por llamamiento.
De este modo, como acordaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la modificación se ha llevado a cabo por la vía exprés. La Mesa del Congreso rechazó ayer admitir las enmiendas presentadas al texto.
Esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto «más acorde a los nuevos tiempos».
Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».
Esta reforma pretende cambiar la redacción a «las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas». «Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio», se añade.
Además, en el segundo punto constará: «Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».
En 2018 hubo un primer intento de reforma que contó con el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios que entonces conformaban el Congreso, pero la convocatoria de elecciones para 2019 impidió que su tramitación continuara. En la siguiente legislatura se retomó y el PP y PSOE llegaron a dejar cerrada una redacción con discreción, pero no hubo clima ni tiempo para llevarlo adelante.
SÁNCHEZ PIDE DISCULPAS
En la sesión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que, con la reforma del artículo 49 de la Constitución Española están «saldando una deuda moral» y ha pedido «disculpas» a las personas con discapacidad por el hecho de que se haya mantenido «tanto tiempo» el término ‘disminuidos’ en la Carta Magna. El jefe del Ejecutivo ha intervenido en el pleno después de que lo hayan hecho los grupos parlamentarios.
«Hoy es un gran día para nuestra democracia, porque hoy no solo engrandecemos nuestra democracia, nuestro texto constitucional, también lo que estamos haciendo es saldar una deuda moral contraída con más de cuatro millones de conciudadanos», ha subrayado Sánchez.
Por el PSOE ha hablado Luis Carlos Sahuquillo, que ha indicado que este cambio se trata de una cuestión, no solo de forma, sino de fondo. «Por encima de cualquier otra circunstancia, son personas y es reconocerlas como ciudadanos de pleno derecho», ha subrayado.
Asimismo, ha recalcado que «va por las personas con discapacidad y por sus familias, pero se extiende y beneficia a toda la sociedad», y ha añadido que son «pasos» para «avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde quepa todo menos la discriminación».
Por el Grupo Parlamentario Popular, Ana Alós, ha recalcado que se trata de un día «histórico», en el que los diputados ‘populares’ han votado «a favor de ayudar en todo lo posible al que lo necesita y de reconocer y apoyar a los que viven para ayudar a los demás».
«Los tiempos y el lenguaje se han transformado totalmente en estas décadas y la palabra ha disminuido y tiene connotaciones muy negativas para la sociedad, por ello es de justicia y dignidad que se modifique por personas con discapacidad», ha añadido.
EL PP ACUSA A VOX DE MENTIR
Por otro lado, ha acusado a Vox de «mentir» en la justificación para rechazar el texto, basada en que se habla de mujeres y niñas con discapacidad. En este sentido, Alós ha expuesto que el documento habla de «menores» y «no discrimina a nadie».
Por su parte, Vox ha pasado de la abstención del pasado martes a votar «no» este jueves. Lourdes Méndez ha explicado que se trata de una reforma que «nunca» podrían aprobarla y que el texto es «absolutamente inviable». «Por supuesto, por la forma, como hemos explicado suficientemente, pero tampoco por el fondo», ha matizado, tras avanzar Vox que rechaza la reforma porque no acepta la «división por sexos».
La diputada por Sumar, Águeda Micó i Micó, ha trasladado el «sí, rotundo» de la formación. En este punto, ha señalado que «trabajará» para que «los derechos de las personas con diversidad funcional y disfuncional estén protegidas».
Por Unidas Podemos, Martina Velarde, aunque se ha mostrado de acuerdo con la modificación, ha destacado que «no vale solo con cambiar ese término en la Constitución, sino que hay que «proteger» por parte del Estado a los colectivos más vulnerables, «con más derechos, con más Estado social y, por supuesto, con más recursos».
MALESTAR POR EL RECHAZO DE LAS ENMIENDAS
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) han criticado que no se hayan podido debatir y votar las enmiendas registradas, al igual que lo ha hecho Sumar. «Lo que más descalifica a una democracia es no dejar hablar sin perjuicio de que luego cada cual vote lo que considere y se respete el resultado», ha asegurado Legarda Uriarte, por el PNV. En todo caso, ha manifestado el apoyo de su formación «porque supone un mejor acomodo a la consagración constitucional de la dignidad».
En este sentido, la diputada por Bildu, Aizpurua ArzallusBildu, ha recalcado que este cambio es «de sentido común» que tiene que ver «con el respecto y con la dignidad que se le debe a quien merece ser nombrado como lo que es, un cambio terminológico que debe ser más y debe ir más allá de un simple cambio de palabra». Además, ha añadido que no han introducido enmiendas en este trámite «por respeto a las personas que hoy verán hecha realidad una reclamación histórica que acaba con una más de las discriminaciones que aún sufren», así como por «la sociedad vasca y la seriedad» del tema a tratar, el derecho a decidir de la ciudadanía vasca.
Por Coalición Canaria, Cristina Valido, también ha aplaudido también este cambio, que ha calificado como «una alegría». «Se acaba con la falta de respeto, se acaba con la indignidad de tratar a millones de españoles y españolas como disminuidos», ha afirmado.
Finalmente, Junts ha destacado las barreras que tiene actualmente la discapacidad. «El lenguaje es importante, las palabras son importantes, pero los hechos todavía lo son más». En la misma línea se ha mostrado Unión del Pueblo Navarro (UPN), que, en palabras de Alberto Catalán, ha recalcado que seguirán defendiendo que «es importante los términos que se utilicen», pero también «los hechos».
