El Pleno del Congreso dará este jueves ‘luz verde’ definitiva al proyecto de ley por el que se crea un nuevo impuesto mínimo para las empresas multinacionales, una norma que incluye parte de la reforma fiscal que quería el Gobierno. La duda es si también se incluirán las enmiendas de PP y Junts que se han introducido en el Senado y que pueden llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE) en contra del criterio del Gobierno.
Tras duras negociaciones a múltiples bandas del Gobierno con los grupos parlamentarios, la norma consiguió superar su trámite en el Congreso, pero renunciando a medidas que quería el Gobierno, como subir la fiscalidad al diésel, regular el régimen de las Socimis o gravar a los coches, aviones y yates de lujo.
Y en su paso por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, se han introducido medidas que no quería el Ejecutivo y que se pueden hacer realidad por la aritmética parlamentaria actual. Fuentes del Grupo Popular se muestran convencidas que algunas de estas medidas pueden prosperar con la abstención o incluso el voto a favor de PNV y Junts.
Estas iniciativas tienen como objeto rebajar los impuestos a la gente joven y a afectados por la DANA. Teniendo en cuenta que los ‘populares’ han votado varias veces en el mismo sentido que Junts en materia fiscal y que el PNV también se ha mostrado ocasionalmente proclive a rebajas fiscales, no es descartable que estos partidos se animen a votar a favor de algunas enmiendas del Senado y se desmarquen del Gobierno de coalición.
Entre estas enmiendas, que se introdujeron en fase de ponencia, cabe destacar que el PP ha introducido una modificación para que la rebaja del Impuesto de Sociedades a pymes que el PSOE pactó con Junts y que introdujo en el Congreso se haga desde 2025 de forma automática y no a lo largo de tres años como está redactado ahora.
Una enmienda que el PP introdujo en ponencia tiene por objeto derogar el gravamen temporal energético, al que también se oponen PNV y Junts. Aunque la tasa caduca el próximo 31 de diciembre, si esta reforma llega al BOE impediría al Gobierno prorrogar el gravamen mediante un decreto, tal como ha prometido a ERC, Bildu y BNG, y le tocaría empezar de cero con el impuesto.
LO RECAUDADO CON EL IMPUESTO A LA BANCA, A AYUDAR A LAS HIPOTECAS
Otra enmienda busca redirigir 3.000 millones recaudados con el impuesto a la banca a ayudas hipotecarias o a construir vivienda de precio tasado que permita acceder a los jóvenes a una casa.
A esto se suman exenciones fiscales en el IRPF a jóvenes de 18 a 35 años durante cuatro años para que lo destinen a vivienda, formación, natalidad o emprendimiento. El PP estima que esta medida tiene un coste de unos 2.100 millones y un beneficio medio para los jóvenes de entre 10.000 y 12.000 euros.
LAS AYUDAS A LA DANA, EXENTAS DE IMPUESTOS
Los ‘populares’ han introducido enmiendas para dejar exentas de IRPF y el impuesto de donaciones a las ayudas a los afectados por la DANA, así como un IVA del 0% para el cambio de vehículo y el arreglo de la casa y la extensión a 2025 de la exención del IBI y del IAE.
En el trámite del senado también se añadieron enmiendas de Junts para rebajar el IVA al 4% de los productos derivados de la leche y otra con bonificaciones en la cuota empresarial a entrenadores o monitores de clubes deportivos.
PRÓRROGA DEL GRAVAMEN ENERGÉTICO
Por otra parte, el Gobierno confirmó este miércoles a Esquerra Republicana (ERC), Bildu y BNG que antes de fin de año va a aprobar un decreto ley para prorrogar el gravamen a las empresas energéticas, pues todos coinciden en que es la única vía posible para garantizar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025, cuando caduca el que está vigente.
Es el resultado de la reunión que el Ejecutivo mantuvo con estos grupos, a la que también estaban invitados Podemos, Junts y PNV pero no asistieron. Y precisamente el voto de estas formaciones es imprescindible para poder convalidar en el Congreso el decreto ley que apruebe el Gobierno.
La oferta del Ministerio de Hacienda es garantizar que el decreto ley se tramite después como un proyecto de ley y así poder convertir el gravamen en un impuesto, pues no se pueden crear tributos mediante la figura del decreto.
Con esa futura tramitación como proyecto, el Ejecutivo quiere lograr atraer los apoyos de formaciones como Podemos, que es reacio al gravamen temporal porque quiere un impuesto permanente, y del PNV, que siempre ha dicho que está en contra del actual formato de prestación de carácter no tributario porque no lo puede recaudar las haciendas forales, pero no ve con malos ojos crear una figura tributaria que sí pueden gestionar Euskadi y Navarra.
En el diseño del texto se incluirán las bonificaciones a proyectos renovables propuestas por grupos como PNV, con la idea de lograr un «acuerdo amplio y equilibrado» entre todas las fuerzas políticas necesarias para su aprobación.
Las formaciones que han firmado esto con el Gobierno dan por cumplido el acuerdo alcanzado el pasado 18 de noviembre para precisamente esto, aprobar un decreto que prorrogue el gravamen.
Pero esta promesa podría no llegar a puerto por una enmienda que el PP ha introducido en el Senado y se vota este jueves en el Congreso para derogar la base legal del gravamen temporal a las energéticas que se aprobó en una ley a finales de 2022 y que desde entonces se viene prorrogando.
Si esa enmienda prospera con un apoyo puntual de PNV o Junts, que ya no quieren prorrogar la tasa, implicaría que el Gobierno tendría que renunciar a la fórmula del decreto y empezar de cero con un proyecto de ley que, como pronto, tendría que empezar a tramitarse el año que viene.
