El Congreso de los Diputados acordó este martes la tramitación de la proposición de ley orgánica que pretende modificar el Código Penal para castigar el proxenetismo de manera general sin exigir la relación de explotación.
La tramitación de la proposición de ley, impulsada por el PSOE, salió adelante con 262 votos a favor; 38 votos en contra, entre ellos, los de En Comú Podem, cuyos diputados se desmarcaron del voto favorable del resto de su grupo parlamentario; y 69 abstenciones.
La proposición de ley busca modificar los artículos 187 y 189 del Código Penal para castigar con penas de prisión de tres a seis años y multa de 18 a 24 meses a quien determine a una persona mayor de edad a ejercer la prostitución. También pretende establecer multas de 12 a 24 meses o pena de prisión de uno a tres años para quien facilite la prostitución de otra persona.
Del mismo modo, establece que quien destine un inmueble, local o establecimiento a promover la prostitución será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de 18 a 24 meses.
A su vez, el hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero será castigado con multa de 12 a 24 meses, mientras que, si la persona fuese menor de edad o se encuentra en situación de vulnerabilidad, la pena de prisión será de tres años y la multa de 24 a 48 meses. En ningún caso, afirma la iniciativa del PSOE, la sancionada será la persona que esté en situación de prostitución.
Por su parte, cuando sea una persona jurídica la responsable de estos delitos, la sanción podrá llegar a ser de hasta cinco veces el beneficio obtenido.
Por último, se reconoce a todos los efectos la condición de víctimas directas, por lo que las personas que sufran las consecuencias del proxenetismo tendrán los mismos derechos de asistencia integral que se reconocen en la legislación sobre libertad sexual.
TRATA VS PROSTITUCIÓN
Durante su intervención, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, rememoró que en enero de 1932 el Congreso de los Diputados se planteó la abolición de la prostitución, en un debate en el que oradores de distintos partidos y de orientaciones ideológicas opuestas coincidieron en que “la verdadera libertad está en ser dueñas de la propia vida”.
Esto le sirvió para, después de señalar que el Ministerio del Interior calcula que alrededor de 45.000 mujeres son explotadas sexualmente en España, formular las siguientes preguntas: “¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando?; ¿Cuántas décadas más tienen que pasar para que las mujeres sean las únicas dueñas de su propia vida?”. Adriana Lastra arguyó que “lucrarse con la explotación de las mujeres no tiene espacio en una sociedad libre”, y añadió que “el proxenetismo es incompatible con la democracia”, ya que en un país libre “las mujeres ni se compran ni se venden”.
Afirmó que la explotación sexual de las mujeres es “una vulneración de derechos humanos y una de las formas más terribles de violencia de género”, además de un claro ejemplo de “la feminización de la pobreza”, y se remontó a las raíces históricas del socialismo español, al que reivindicó como “abolicionista”, para atestiguar que “quien decide por necesidad no decide libremente”.
En ese sentido, dejó claro que, a pesar de que la “propuesta nace de un partido”, el PSOE aspira a que se convierta en una “propuesta de país”, para hacer de España un lugar donde “las mujeres no puedan ser explotadas, compradas y vendidas”.
Por ello, se abrió a “enriquecer el debate con comparecencias”, con el fin de que la discusión sea “seria y rigurosa”, si bien reconoció no ser ingenua y se mostró convencida de que el de hoy “será el primer paso” de un “camino largo”.
La diputada de Ciudadanos Sara Giménez solicitó la utilización del voto en contra, para acusar al PSOE de incurrir en “mala praxis legislativa”, ya que, “en lugar de traer un debate sosegado sobre esta cuestión, traen un parche legislativo para criminalizar la prostitución”.
Tras constatar la condena de su grupo parlamentario de la explotación sexual con fines de trata, reprochó a los socialistas que recurran a la “moralina” para “vincular injustamente la explotación sexual y el ejercicio libre de la prostitución, provocando consecuencias atroces y de riesgo para quienes ejercen libremente esta actividad”.
También censuró al PSOE que se “niegue a reconocer que existen personas que ejercen libremente la prostitución”, y elevó el tono para subrayar que el hecho de que ello “les parezca mal, no les da derecho a negar los derechos de las personas en el BOE”.
Además, afeó que “la izquierda puritana”, en referencia al PSOE, “se alíe con los conservadores” del PP en una cuestión en la que “no van a contar con los liberales”, que prefieren regular los derechos de quienes ejercen la prostitución libremente y perseguir la trata.
Tras esta intervención, Adriana Lastra retomó la palabra para preguntarse lo siguiente: “¿Para Ciudadanos se puede comprar y vender todo? ¿Dónde está el límite?”, a lo que se contestó que este partido no se inquieta sobre esta cuestión mientras las explotadas «sean las hijas de otros”.
A esta andanada, Sara Giménez replicó que “quien se acostó con las hijas de otros fueron sus compañeros en Andalucía”, en referencia a los cargos socialistas que en esa comunidad pagaron con dinero público en burdeles.
“DEMAGOGIA SOCIALISTA”
En el turno de fijación de posiciones, Mireia Vehí (CUP) manifestó que “el punitivismo y la censura no transforman, sólo traen punitivismo”, lo que le sirvió para acusar el PSOE de “dividir al movimiento feminista desde la perspectiva del orden”.
Justificó su voto en contra señalando que la propuesta socialista adolece de dos problemas: la concepción de la prostitución como forma de violencia de género, obviando que “no hay consenso internacional” al respecto; y la visión del porno como algo exclusivamente patriarcal, lo que “criminaliza el deseo sexual de las mujeres”.
Isabel Puzueta (EH Bildu) lamentó que el PSOE no haya buscado el consenso con sus socios de investidura sobre esta materia, y le trasladó que el Código Penal “no puede usarse para impartir moralina”.
Luego de afear a los socialistas que no ofrezcan protección ni alternativas a las mujeres que se prostituyen, les espetó que “ocultar un problema no hace que desaparezca; calmar su conciencia no mejorará sus vidas”. A pesar de ello, agradeció que el PSOE se abra a un debate “amplio, integral y que acuda al fondo de la cuestión”, lo que le sirvió para decantar el sentido del voto de su grupo hacia la abstención.
También se abstuvo el PNV, cuyo diputado Joseba Agirretxea expuso que “esta no es una cuestión de buenos y malos, ni de quienes tienen mejor o peor moral, ni de quienes está a favor o en contra de alguien”, como, a su juicio, planteó Adriana Lastra, a quien acusó de perpetrar una “pataleta” después de que su grupo tuviera que retirar una enmienda sobre la prostitución del debate de la ley del ‘sólo sí es sí’.
Tras sugerir no caer en el “feminismo punitivista” y comentar que “no todo lo que no nos gusta, lo que nos parece inmoral o negativo para la sociedad debe estar en el Código Penal”, agradeció al PSOE que se abra a debatir sobre el fondo de la cuestión en la tramitación de la proposición de ley.
Néstor Rego (BNG) consideró “frívolo” que los socialistas planteen este debate para “hacer guerra de guerrillas con el socio de coalición”, Concepción Cañadell (PDeCat), mostró las dudas de su grupo sobre si la prostitución ejercida voluntariamente debe perseguirse “duramente y sin matices”, y Pilar Calvo (Junts) reseñó que la iniciativa nace de “la frustración del feminismo socialista”.
Pilar Vallugera (ERC) avanzó el voto en contra de su grupo acusando al PSOE de “demagogia” al apostar por el “prohibicionismo punitivista”, y trasladó a Lastra que si realmente quiere perseguir la trata con fines de explotación sexual, conmine al Gobierno a aprobar una ley contra la trata de personas y a derogar la ley de extranjería. “No lea tanto los boletines del Congreso de hace 90 años, y baje a las calles”, le recomendó.
QUIEBRA DE PODEMOS
Por su parte, Sofía Fernández Castañón (Unidas Podemos) confirmó el apoyo de su grupo a la tramitación de la proposición de ley con un discurso muy técnico en el que avanzó que el Ministerio de Igualdad está ultimando el borrador de la futura ley de trata, y en el que conminó a definir rigurosamente el concepto de proxenetismo para “no dañar a las mujeres”.
A pesar de ello, fuentes de En Comú Podem trasladaron que sus diputados votarían en contra de la tramitación, ya que “la prostitución no puede abordarse de espaldas a las propias mujeres que la ejercen”, por lo que instó a tener la valentía de hablar con ellas y exigió abandonar la “perspectiva punitivista”.
Por otro lado, María Ruiz Solas (Vox) apuntó que “la prostitución es un mal, no es moralmente bueno ni para quien lo ejerce ni para quien lo consume”, a pesar de lo cual manifestó que “no estamos para ser la conciencia de los ciudadanos, sino para velar por su bienestar”.
Por esa razón, afeó al PSOE que apueste por “prohibir la prostitución sin alternativas para las mujeres que se prostituyen”, y le acusó de ser el partido que “favorece la inmigración”, que “desampara a menores” y que “utiliza el dinero de los trabajadores para gastarlo en burdeles sin pedir perdón”.
Por último, Marta González Vázquez (PP) confirmó que su grupo apoyaría la iniciativa, como muestra de su compromiso contra “cualquier tipo de violencia contra las mujeres”, ya que “estamos cansados de escuchar las voces de muchas mujeres y hombres que dicen que el debate de la prostitución es estéril, que es un mal menor a tolerar para que los hombres satisfagan sus necesidades, que también hay hombres que ejercen la prostitución, que quienes nos oponemos somos recalcitrantes”.
Expuso que “la prostitución no puede ser considerada un trabajo, ni puede ser legalizada, al igual que no es presentable la compraventa de órganos”, y proclamó que “no habrá igualdad entre hombres y mujeres si la prostitución se expande”.
