El pleno del Congreso ha dado este jueves luz verde definitiva a la Ley de Desperdicio Alimentario, tras el debate de las enmiendas introducidas por la Cámara Alta. La norma aprobada por el Gobierno en enero de 2024, promueve la donación de alimentos sobrantes en el sector de la distribución, obliga a los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados a suscribir convenios de colaboración con ONG para esta donación y contempla sanciones por incumplimiento.
La nueva norma establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio alimentario, siendo la prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos.
En el segundo orden de prioridades se contempla la transformación de los alimentos que no se hayan vendido pero que mantengan condiciones óptimas de consumo, que se transformarán en otros productos, como zumos o mermeladas. Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria y, ya como residuos, la obtención de compost o biocombustibles.
En cuanto a bares y restaurantes, tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido sin coste adicional alguno en envases reutilizables o fácilmente reciclables y se enfrentarán a sanciones de no hacerlo.
PRODUCTOS «FEOS»
Asimismo, el proyecto de ley establece una serie de medidas de buenas prácticas, tanto para la administración como los distintos eslabones de la cadena, para evitar el desperdicio. Por ejemplo, contempla que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta de productos considerados «feos, imperfectos o poco estéticos», o promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos.
Además, la norma anima a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades de uso. En este sentido, prevé que el Gobierno adopte políticas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención del desperdicio.
En cuanto al Gobierno, la norma contempla que deberá elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario, que se revisará cada cuatro años y definirá la estrategia general contra el desperdicio, así como las orientaciones y estructura que deberán seguir las CC.AA. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en consulta con otros ministerios relacionados con la materia, deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario.
Al margen de este texto, la norma ha incluido tres enmiendas del Senado aprobadas para rebajar la protección al lobo. Por otro lado, el PP pidió aplazar el debate del texto después de que la Mesa de la Cámara vetase varias enmiendas que hace una semana aprobó el Senado en contra del criterio del Gobierno.
