La Mesa del Congreso estudiará este miércoles si finalmente se opta por la vía de urgencia para tramitar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial destinada a impedir que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado pueda realizar nombramientos y también deberá decidir cómo responde al requerimiento que le hizo el pasado 17 de diciembre el órgano de gobierno de los jueces para poder opinar sobre la misma, y al escrito que, en el mismo sentido ha registrado el PP.
El PSOE y Unidas Podemos, autores de la proposición de ley, solicitaron antes de las Navidades que la reforma se tramitase por la vía de urgencia, lo que implica reducir todos los plazos a la mitad, una decisión que corresponde a la Mesa de la Cámara donde los dos grupos que apoyan al Gobierno podrán sacarla adelante porque tienen mayoría.
En paralelo, sus autores recabaron el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para reunir la mayoría absoluta que necesitaban para forzar que se habilitase el mes de enero para poder avanzar con la reforma.
Una vez apruebe la tramitación por la vía de urgencia, a la que se oponen PP, Vox y Ciudadanos, la Mesa de la Cámara podría fijar ya un primer plazo para la presentación de enmiendas a la proposición de ley.
PLAZOS DE ENMIENDAS
Aunque el Pleno del Congreso acordó su toma en consideración el pasado 15 de diciembre, los grupos que se oponen a la misma tendrán ahí una segunda oportunidad para intentar frenarla o al menos dilatar su debate. Eso sí, para hacerlo deberán presentar una enmienda de totalidad con texto alternativo, lo que obligaría a celebrar un nuevo debate en el Pleno, ya en febrero, antes de remitir el texto a la Comisión de Justicia.
Los plazos que fije la Mesa del Congreso dependerán de la decisión que adopte respecto de los requerimientos que le hizo el pasado 17 de diciembre el propio CGPJ, entre los que destaca la emisión de un informe sobre la reforma que limita sus competencias para realizar
nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional durante el periodo en que esté en funciones. El actual CGPJ ha cumplido ya dos años caducado.
Si esta revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiera impulsado desde el Gobierno, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo tendría que haber solicitado informe al Consejo de estado y también al propio CGPJ, un trámite que legalmente no es necesario si se utiliza la vía de la proposición de ley.
INFORME TAMBIÉN AL CONSEJO DE EUROPA
En su acuerdo, aprobado por 16 de los 21 miembros del CGPJ, este órgano reconoce que la petición de un informe de este tipo es «potestativa» en el caso de las proposiciones de ley, pero incide en que no puede quedarse obviarse su opinión porque se trata de una modificación que afecta «al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial».
A su juicio, con independencia de su origen, cualquier iniciativa que delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros de su órgano de gobierno debe tramitarse «dando audiencia a todos los sectores implicados».
Por eso ha solicitado al Congreso que recabe la opinión no sólo del CGPJ, sino también de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la Comisión de Venecia del Consejo de Europa), así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas.
Tras el acuerdo el CGPJ, el Grupo Popular registró una solicitud similar ante la Mesa, que también será estudiada este miércoles. En su escrito, recogido por Europa Press, el primer partido de la oposición reclama que se pida informe al CGPJ, a la Comisión de Venecia y que se dé voz a todos los implicados en la reforma.
BUSCAN IMPONER UN CGPJ «IDEOLÓGICO»
El PP especifica que para ello deberían convocarse comparecencias en la Comisión de Justicia que tendrían que realizarse antes de la presentación de las enmiendas parciales por parte de los grupos, lo que, de aceptarse, dilataría la tramitación de la reforma.
En su escrito, los de Pablo Casado recalcan que la reforma promovida por PSOE y Unidas Podemos es «manifiestamente inconstitucional». «Aprobar esta proposición de ley implicaría que el Poder Judicial sería controlado por otro de los poderes, el Legislativo, en una suerte de pirueta que arrastraría también gran parte de nuestra libertad y nuestra democracia», argumenta el PP.
Además, consideran que la «maniobra» de tramitarla como proposición de ley y no como proyecto de ley, evitando así los informes preceptivos del CGPJ y el Consejo de Estado, aunque es «legítima», «evidencia claramente que de lo que se trata es de imponer un gobierno de los jueces ideológico, no profesional e independiente, formado por personas con tendencia ideológica de izquierdas».
