El Pleno del Congreso ha dado luz verde, este jueves, a la Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de PP y Vox que han decidido votar en contra y CUP que se ha abstenido. El texto pasa así a una nueva fase de tramitación en el Senado.
Esta norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad, recoge una nueva definición de consentimiento que señala que «solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».
Además, con esta norma en vigor se aunará en un solo tipo penal lo que antes se dividía en dos para distinguir el abuso (sin violencia o resistencia de la víctima) de la violación.
La norma también desarrolla medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales. Del mismo modo, este texto incluye la creación de centros de crisis 24 horas, para atender a víctimas de violencia sexual mayores de 16 años, o las casas de infancia para los menores de esa edad.
El proyecto de ley se ha aprobado, también, con el acuerdo alcanzado este miércoles por los dos partidos en el Gobierno con ERC, PNV y EH Bildu, por el que se obligará a los agresores sexuales menores a pasar por unos cursos de educación y formación en igualdad y violencia machista.
SIN TERCERÍA LOCATIVA
Lo que sí ha quedado fuera de la norma, después del paso de esta por la Comisión de Igualdad del Congreso, es la recuperación de la tercería locativa, así como otras medidas relacionadas con la lucha contra la trata con fines de explotación sexual.
Aunque Igualdad incluyó este tema en el borrador de la ley y el PSOE buscó endurecer aún más las medidas con enmiendas al texto, finalmente se han retirado las cuestiones referentes a este tema por falta de acuerdo. Formaciones como PNV, ERC, Eh Bildu o Ciudadanos abogaron porque se tratara en una ley específica y advirtieron de que no apoyarían el texto si se incluían estas iniciativas.
Al acuerdo alcanzado en este tema se ha referido la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha intervenido al final del debate para agradecer a los diputados que han formado parte de la negociación de la norma. En este sentido ha apuntado que, aunque ha habido «debates difíciles» se ha trabajado «de forma constructiva» para alcanzar «pactos más amplios» y ha destacado que son los «avances feministas» los que «más consensos consiguen en esta cámara».
Del mismo modo, ha reprochado a la «derecha y extrema derecha» su actitud y el «ruido reaccionario» hacia este texto. «Hacen mucho ruido, pero hemos demostrado que las feministas somos más».
DEUDA CON LAS MADRES PROTECTORAS
También ha indicado que esta norma sale adelante «a pesar de los agresores» y de la «justicia patriarcal» y, en este sentido, ha apuntado que el Estado «tiene una deuda con las madres protectoras» y que mientras el «Gobierno de coalición esté va a hacer lo posible por saldar y proteger» a estas mujeres que, a su juicio, están «defendiéndose a sí mismas y a sus hijos de la violencia de sus maltratadores».
Hacía referencia, así, a las críticas por el indulto parcial concedido por el Ejecutivo a la presidenta de la organización Infancia Libre, María Sevilla, que también ha estado presente en el debate, en la intervención de Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).
La representantes del partido de Santiago Abascal en el debate, Carla Toscano, ha acusado al Gobierno de hacer «apología del secuestro» con esta decisión. Por su parte, el representante de UPN Carlos García Adanero, ha criticado que el Ejecutivo indulte cuando «no le gusta una sentencia» y ha acusado a la propia Montero de «estar de acuerdo» con el secuestro de los hijos por parte de Sevilla.
APOYO A PESAR DE NECESITAR MEJORAS
Por otra parte, la mayoría de las formaciones han celebrado en el debate el avance de esta norma, aunque también ha habido quien ha apuntado que no están del todo de acuerdo con medidas que en esta se incluye y llaman a continuar con las mejoras.
Desde el PNV, por ejemplo, su portavoz en materia de Igualdad, Joseba Agirretxea, se ha referido a la «perspectiva punitiva» que se refleja en la norma o el hecho de que la redacción «peque de un tono centralizado». Aún así, el diputado vasco ha indicado que el «repudio la violencia sexual» y la «garantía» hacia esta que se recoge en la norma es «suficiente» para que su formación la apoye.
Tampoco gusta el «punitivismo» de la ley a EH Bildu y CUP. Así lo ha recalcado la portavoz del partido independentista vasco, Bel Pozueta, quien ha apuntado que «no todo se soluciona con el Código Penal». Tampoco la representante de CUP, Mireia Vehí, cree que el Código Penal resuelva «todos los problemas», pero ha reconocido que esta norma es «importante» para otras situaciones como los casos de «sumisión química».
Vehí ha señalado que su formación se abstiene en la votación tras conocer que se ha incorporado a la ley –durante el debate en la Comisión– una enmienda que declara «ilícita» la publicidad «de trabajo sexual». A su juicio, esto invalida el pacto realizado de no incluir temas sobre prostitución y trata en esta norma.
La portavoz de Igualdad, Pilar Vallugera, ha destacado como valor de esta norma el hecho de que soluciona una situación se estaba dando en la Justicia: el hecho de que «los jueces no estaban funcionando como aliados de las víctimas». «Por eso les hemos tenido que dar instrucciones más claras a los señores jueces», ha declarado.
Por su parte, el PSOE ha criticado que en el texto no se proteja «a todas las mujeres que sufren el yugo de la prostitución» y ha lamentado que los partidos no rechacen «un sistema que pone los cuerpos de las mujeres para que, medio pago, sean violadas». «Legitiman un mercado en el que el consentimiento se puede comprar y se llama prostitución», ha apuntado la portavoz de Igualdad socialista, Laura Berja.
UN DÍA DE CELEBRACIÓN
«Ya nos emplazaremos para debatir el consentimiento de las trabajadoras sexuales», ha asegurado la portavoz de Igualdad de Junts, Pilar Calvo, mientras la portavoz de Igualdad de Más País/Verdes, Inés Sabanés, ha declarado este jueves como «un día de celebración».
Además, su homóloga de Ciudadanos, Sara Giménez, ha recordado que esta norma es la continuación del trabajo iniciado por el exministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, tras el caso de la manada, pidiendo un informe a la Comisión de codificación de expertos. «Se hace un avance importante», ha apuntado la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.
PP Y VOX EN CONTRA
Los únicos grupos que han votado en contra de esta ley han sido PP y Vox. La portavoz de los ‘populares’ en este debate, Marta González, ha lamentado que no se incluya en ella la prostitución y ha explicado que esta no es «la ley que gustaría» al PP por su exposición de motivos que, según ha indicado, «parece una soflama electoral de Podemos»; porque «pone en riesgo la presunción de inocencia sobre la que se sustenta el derecho penal» español; y porque «no libera a la víctima de la revictimización», entre otros motivos.
Finalmente, la representante de Vox ha lamentado que la ley atente contra un «derecho fundamental como la presunción de inocencia» y que «fuerce al sistema a creer a la mujer sin pruebas», permitiéndole que «se vengue o destroce la vida de un inocente».
Del mismo modo, ha criticado que se ponga el foco en el piropo y ha asegurado que le «da pena no escuchar algunas cosas por la calle». «Nos van a hacer perder esa admiración e ingenio popular», ha concluido.
