El PP y Vox llevarán al Pleno del Congreso esta semana sus exigencias para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña y lo harán tras la manifestación que, con este objetivo, se celebra este domingo en Barcelona, convocada por la plataforma ‘Escuela de todos’, y con presencia de estos dos partidos y también de Ciudadanos.
En concreto, el PP quiere que la ministra de Educación, Pilar Alegría, se pronuncie sobre esta movilización y sobre el incumplimiento de la sentencia que dictó el Supremo hace casi un año y que establece que los escolares catalanes tienen derecho a recibir un 25% de las clases en castellano.
«¿Qué amparo da el Gobierno a los alumnos en Cataluña?», reza la pregunta que ha registrado la ‘popular’ Sandra Moneo para que la ministra le responda en la sesión de control del miércoles.
Pero, además, el martes todos los grupos tendrán oportunidad de pronunciarse sobre este asunto durante el debate de una proposición no de ley de Vox. En concreto, los de Santiago Abascal defenderán que se aplique el artículo 155 de la Constitución ante la negativa de la Generalitat a cumplir la citada sentencia del Supremo.
El Pleno del Congreso ya rechazó el pasado mes de diciembre este texto de Vox, cuando lo presentó en forma de moción, pero el tercer grupo de la Cámara ha decidido volver a someterlo a votación tras las manifestación convocada para el domingo.
«NO SE PUEDE TOLERAR»
En concreto, en su iniciativa, recogida por Europa Press, Vox insta al Gobierno a intervenir la Administración autonómica catalana con el fin de asegurar el respeto y el cumplimiento íntegro de los principios constitucionales que, según denuncia, están siendo objeto de «sistemática infracción» por parte de la Generalitat.
Vox sostiene que «no se puede tolerar» que existan partes de España en las que «miles» de niños no pueden aprender a leer y escribir «en su lengua materna, en español, sólo porque unos políticos sectarios se lo niegan» y por eso considera que «la única forma de devolver los derechos legítimos de todos los catalanes y la libertad es esta intervención profunda»
Asimismo, emplaza al Gobierno a impulsar las reformas que sean necesarias para asegurar la enseñanza del castellano y en castellano en los sistemas educativos de todos las regiones de España a fin de satisfacer «el deber de los españoles de conocerlo así como de amparar el derecho de todos a usarlo».
SANCIONES PARA QUIENES LO IMPIDAN
Además, reclama un régimen sancionador para quienes obstaculicen o impidan el cumplimiento efectivo del artículo 3 de la Constitución, el que establece que el castellano es la lengua oficial del Estado.
De la misma forma, la tercera fuerza del Congreso pide revertir la «instrumentalización» que distintos poderes públicos regionales hacen de las lenguas españolas «como elemento de división y confrontación entre territorios y entre españoles.
Por último, los de Abascal llaman a fomentar «el especial respeto y protección» del patrimonio cultural que supone la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España dentro del marco constitucional.
