El Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE), órgano asesor del Consejo de Europa, defiende que los jueces tienen que tener la misma libertad de expresión que cualquier ciudadano y apuesta por garantizar que puedan mostrar públicamente su opinión en redes sociales y también sobre «temas políticamente controvertidos, incluidos propuestas legislativas o de política gubernamental».
En una recomendación emitida por este órgano y recogida por Europa Press, se apunta que los jueces «tienen derecho» a mostrar su parecer en cuanto a «derechos humanos fundamentales, el Estado de Derecho, cuestiones de nombramiento o promoción judicial y el debido funcionamiento de la Administración de Justicia, incluida la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes».
Para el CCJE, si el asunto afecta de forma directa al funcionamiento de los tribunales, los jueces deben tener la libertad de comentar sobre temas políticamente controvertidos, incluyendo propuestas legislativas o respecto a la política gubernamental.
«Esto se deriva del hecho de que el público tiene un interés legítimo en estar informado sobre estos temas, ya que involucran asuntos importantes en una sociedad democrática», apunta este órgano, que responde así a la petición del Consejo de Ministros para que diera su opinión sobre la libertad de expresión de los jueces.
El órgano consultivo traslada a los jueces cómo utilizar su derecho a la libertad de expresión tanto dentro como fuera de los tribunales, en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Indica que los jueces «disfrutan» del derecho a la libertad de expresión «como cualquier otro ciudadano». Sin embargo, «deberán tener en cuenta sus responsabilidades y deberes específicos en la sociedad, además de las obligaciones de secreto profesional relacionadas con su función jurisdiccional», puntualiza.
En el documento se señala que los togados que estén en posiciones de «liderazgo» o que ejerzan un cargo en asociaciones de jueces o en el consejo de la judicatura, que en España sería el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se encuentran en una «posición destacada» como para poder hablar y dar su opinión en lo relativo a la Justicia.
Eso sí, el consejo consultivo precisa que los jueces deben actuar con «moderación» para «no comprometer su imparcialidad o independencia». Así, considera que en los consejos o críticas que hagan al Poder Ejecutivo sobre asuntos de preocupación para la Justicia «no debe parecer que presionan al Gobierno».
«RECUSARSE» SI VIENEN DE LA POLÍTICA
«Un juez de alto rango debe ser particularmente cauteloso en este sentido debido a su prominente posición», advierte el CCJE, que a la vez remarca que si un juez pasa a tener un mandato político ha de proteger la confianza de la sociedad en la Justicia respetando las normas básicas como preservar la reputación del ámbito judicial.
En su opinión, si los jueces han infringido los principios de independencia e imparcialidad al hacer ciertas declaraciones durante su actividad política, luego «deberán recusarse», apartarse, «en los casos en que las materias respectivas resulten pertinentes». Pero por «norma general», los que imparten justicia han de «evitar involucrarse en controversias públicas y de toda actividad política».
Asimismo, en esta serie de recomendaciones se indica que para mantener la posibilidad de retomar su función judicial después de su mandato político, es «imperativo» que el juez evite declaraciones que lo hagan parecer no apto para volver a ocupar su posición anterior.
Con sede en Estrasburgo, el CCJE considera que los jueces deben ser moderados al expresar sus puntos de vista en circunstancias en las que podría quedar comprometida su independencia, imparcialidad o dignidad de su cargo o poner en peligro la autoridad judicial.
El CCJE destaca que los togados también pueden comentar las amenazas a la independencia judicial a nivel internacional, al tiempo que incide en que los jueces que hablan en nombre de un consejo o asociación judicial deben disfrutar de una «mayor protección».
La recomendación además pone el acento en que los jueces, así como los consejos y asociaciones judiciales, tienen el «deber ético» de explicar al público el sistema de justicia, «sus valores para promover y preservar la confianza pública en la actividad judicial».
PERMITIR LOS PSEUDÓNIMOS
Aborda también directrices con respecto al empleo de las redes sociales por parte de los justicieros, ya revelen su identidad en público o utilicen un pseudónimo, es decir, un nombre falso. Y sugiere al Poder Judicial de cada país a dar a los jueces formación adecuada sobre los medios de comunicación y las plataformas.
Sostiene que «no hay fundamento» para impedir que los jueces usen pseudónimos en las redes, si bien que menciona que publicar bajo un nombre falso no da carta blanca para «comportamientos no éticos».
«Los jueces deben evitar expresar opiniones o compartir información personal en línea que pueda socavar la imparcialidad judicial, el derecho a un juicio justo, la dignidad del cargo o la confianza pública en la autoridad del Poder Judicial», recalca.
Bajo su punto de vista, no deben participar en las redes sociales como «influencers» si dan una imagen que afecte «negativamente» a la percepción pública de la integridad judicial, así como eliminar el contenido que hayan publicado si creen que es «inapropiado».
De igual modo, el CCJE recomienda que los jueces o las asociaciones judiciales elaboren códigos de conducta sobre el alcance de esa libertad de expresión y cualquier limitación a su ejercicio. Esta opinión, explica, se transmitirá al Comité de Ministros, encargado de promover su aplicación en todos los Estados miembros.
