El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha informado a la Fiscalía Anticorrupción -en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas en el seno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)– de que no autorizó el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.
«No consta autorización o refrendo por parte del CSD, ni comunicación de la RFEF en relación con el traslado de la disputa de la Supercopa de fútbol a Arabia Saudí», ha señalado el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco.
Así consta en un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Consejo ha dado respuesta a una petición de la Fiscalía Especializada efectuada el pasada mayo. El Ministerio Público reclamaba al organismo, entre otras cosas, los estatutos de la RFEF, así como los reglamentos y normativa complementaria.
Cabe recordar que antes de que el Juzgado Número 4 de Majadahonda admitiera en junio una querella contra el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y el futbolista y propietario de la compañía Kosmos Global Holding, Gerard Piqué, la investigación sobre las presuntas irregularidades en la RFEF arrancó en mayo en la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía Especializada puso la lupa sobre la gestión de Rubiales al frente de la RFEF y a partir, entre otros temas, del contrato para que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí con la mediación de Piqué.
Desde el Consejo Superior de Deportes se han desmarcado de dicha gestión y han precisado que «la Supercopa es una competición oficial de ámbito estatal y carácter no profesional a cargo de la RFEF».
En el oficio, el CSD ha incidido en que las federaciones deportivas españolas, además de sus actividades propias de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades deportivas que le corresponden, organizan «las actividades y competiciones oficiales de ámbito estatal», como la Supercopa.
LAS QUERELLAS
La respuesta del Consejo Superior de Deportes consta ahora en el sumario de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Majadahonda a raíz de la querella que presentó el dirigente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán, en la que apuntó a las comisiones cobradas por la RFEF y la empresa de Piqué para que el torneo de la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí. A dicha querella se sumó otra de Manos Limpias.
Según el escrito presentado por Galán, Rubiales y Piqué urdieron un «plan para lucrarse» con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí a cambio de 24 millones de euros, ocultando «contumazmente» las comisiones, que «disfrazaron documentalmente aparentando que el pago se producía por un tercero».
«Los querellados iniciaron su plan en unidad de interés, colaborando entre ambos de tal forma, que en ocasiones no resultaba sencillo dirimir cuál de ellos era el presidente y cuál era el aparente comisionista», señaló
En el escrito, Galán aseguró que el objetivo de Rubiales y Piqué era «hacer negocio», aunque desconocían «qué», «cómo» o «dónde»: «Lo que sí sabían y querían era hacerlo juntos», subrayó el querellante.
Así las cosas, les atribuyó presuntos delitos de corrupción entre particulares y en los negocios, administración desleal, prevaricación administrativa y cohecho al considerar que habrían perjudicado el patrimonio de la RFEF.
EL INFORME DE HACIENDA
Posteriormente, Galán amplió la denuncia al entender que Rubiales también habría incurrido en una conducta delictiva al disfrutar de una vivienda en Madrid cuyo alquiler habría soportado la RFEF a pesar de que estaría censado en la capital, lo cual vulneraría la normativa interna.
Según esta denuncia ampliatoria, la RFEF habría estado «pagando durante meses de forma presuntamente irregular el alquiler de la vivienda de Rubiales, un piso de lujo en la Plaza de España de la capital».
En un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a Anticorrupción ha asegurado que Rubiales «no tenía derecho» a la ayuda para su vivienda.
La IGAE ha indicado que el presidente de la Federación «se tuvo que haber inscrito en el padrón municipal de un municipio de la Comunidad de Madrid, previsiblemente en la capital de dicha Comunidad, puesto que su domicilio habitual estuvo en esta localidad».
