El Defensor del Pueblo ha tramitado en lo que va de 2020 unas 26.000 quejas, lo que supone un incremento del 28,8% con respecto al mismo periodo del año 2019, según ha informado el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.
«Discriminar cuáles son de régimen común y cuáles de la Covid-19 es muy complicado. Haremos un esfuerzo para que se vea en el informe global», ha indicado Fernández Marugán este jueves 26 de noviembre durante su intervención en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados.
En concreto, según ha precisado, recibieron 618 solicitudes de recursos de inconstitucionalidad contra el decreto de Estado de Alarma del 14 de marzo, aunque el Defensor ha precisado que la institución ya dijo que el decreto del Gobierno le parecía «plenamente conforme a la Constitución» y «razonablemente ponderado».
A estas se han sumado otros ocho escritos solicitando la interposición de recursos de inconstitucionalidad contra el segundo Estado de Alarma del 25 de octubre de 2020, un asunto sobre el que el Defensor prevé pronunciarse a finales de enero de 2021.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recibido quejas relacionadas con las limitaciones a la circulación impuestas, tras decretarse el Estado de Alarma, relativas a: las salidas con menores; actuaciones sancionadoras incorrectas de algún miembro de los cuerpos de seguridad del Estado; y acoso de particulares a personas con discapacidad intelectual cuando salían a dar paseos terapéuticos.
En el ámbito sanitario, Fernández Marugán ha indicado que las quejas han estado relacionadas con la saturación en los hospitales, la suspensión ordinaria de la atención primaria, el retraso en las citas para consultas y operaciones o el acompañamiento a familiares en los centros hospitalarios.
«Tenemos un Sistema de Salud que no había estado sometido a una tensión como la que creó la Covid-19. Había carencias de camas, de personal entrenado, de respiradores y, desde luego, falta de material de protección para sanitarios que ponía en riesgo su salud y su trabajo», ha precisado el Defensor.
Asimismo, la institución ha recibido 1.700 quejas en las que «el quejoso ponía de relieve la angustia por la pérdida temporal o definitiva de los ingresos producto de su relación profesional» y expresando «un cierto desconcierto» o «dudas» sobre las medidas adoptadas».
Por lo que respecta a la gestión del Ingreso Mínimo Vital, Fernández Marugán ha apuntado que la institución también ha recibido quejas sobre esta nueva prestación y ha afirmado que en sus recomendaciones a la administración han solicitado mejoras en los procedimientos de gestión y buscar el apoyo de los servicios municipales.
