La asociación ‘Afectados para la Gestión del Coronavirus’ (AGG) ha solicitado a la juez Carmen Rodríguez-Medel la reapertura de la investigación por un presunto delito de prevaricación al permitirse la manifestación del 8 de marzo y que se cite a declarar a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por sus recientes declaraciones acerca del inicio de la pandemia en España.
En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación presidida por Víctor Valladares pone el foco en la guía que el Ministerio de Trabajo presentó el 4 de marzo y en el que se advertía de «la necesidad del empleo de mascarillas quirúrgicas y la separación interpersonal de dos metros». «Esto es, directamente lo contrario a lo que sucedió al celebrarse la marcha multitudinaria del 8M», critican.
Díaz, en una entrevista en Radiocable, explicó que el 15 de febrero del año pasado convocó a su equipo del Ministerio de Trabajo para pensar medidas frente al coronavirus, dado que ya se veía que la pandemia «azotaba fuertemente a Italia» y que podía pasar también en España. Semanas más tarde su departamento presentó la citada guía de prevención que en aquella época generó una «enorme polémica» en el Gobierno llegando a que algunos le tildasen de «alarmista».
«Me acuerdo bien que Pablo (Iglesias) era vicepresidente y lo llamé desolada por lo que estaba pasando. Yo el 15 de febrero como la pandemia azotaba fuertemente a Italia convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que España es Italia y necesitábamos desplegar un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo presenté una guía enormemente polémica en el Gobierno, y también fuera se me acusó de alarmista. Esto fue en la antesala del 8M», explicó Díaz.
UNA DECLARACIÓN «SUMAMENTE IMPORTANTE»
Concretamente, se trataba de un documento que aportaba una serie de consejos que podían adoptar las empresas para prevenir el contagio de la COVID-19 en sus plantillas y la opción de optar por las fórmulas del teletrabajo para mantener la actividad. Una medida que entonces fue criticada por CEOE y Cepyme mientras que desde UGT se lamentó no haberla llevado al diálogo social.
«¿Qué ha ocurrido con ese informe o procedimiento al que se refiere la vicepresidenta segunda del Gobierno? ¿Qué se hizo con él en el Consejo de Ministros celebrado el día 3 de marzo de 2020 y a cuya referencia se dedicó tres líneas (el título del mismo)? ¿Se remitió a qué instituciones y personas? ¿Qué utilidad se le dio por parte del Gobierno de España?», se pregunta la asociación en su escrito.
Para la AGC «la contestación a todas estas cuestiones es sumamente importante y de tan extrema gravedad que ha de suponer la reapertura del presente procedimiento» y que fue archivado el pasado 11 de junio.
SE DAN LAS CAUSAS PARA SU REAPERTURA
Rodríguez-Medel decretó el sobreseimiento provisional de la causa que seguía contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la manifestación feminista del 8 de marzo al no ver indicios suficientes de delito.
Pero la asociación recuerda que el resultado de este tipo de sobreseimiento es que paraliza el procedimiento, que puede ser reabierto si aparecen indicios que acrediten la realización del delito o permitan relacionarlo a una persona en concreto como, a su juicio, ocurre ahora con la vicepresidenta.
«Resulta palmario y evidente que las declaraciones recogidas en este escrito de la señora Díaz se remiten a un documento que este Juzgado ante el que tenemos el honor de dirigirnos desconocía su existencia y que era vital para la no celebración de las manifestaciones del 8M del año 2020 en Madrid, si el delegado del Gobierno de Madrid hubiera atendido a su contenido, evidentemente, si éste lo hubiera recibido, aspecto que ha de investigarse a través del presente procedimiento», sostiene la AGC.
REACCIONES A SUS PALABRAS
Las palabras de Díaz también provocaron que la Asociación Española de Abogados Cristianos solicitase la pasada semana al Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid la reapertura del caso contra el Gobierno por su gestión de la pandemia y que se citase a declarar a la actual vicepresidenta.
La asociación se querelló contra el Gobierno por un «presunto delito de homicidio imprudente, lesiones y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus». La organización de juristas culpa al Ejecutivo central y a Fernando Simón, entre otras cosas, «de no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus».
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, aseguró tras escuchar a Díaz que sus declaraciones «confirman que el Gobierno silenció lo que ocurría únicamente pensando en imponer su ideología». «Ha antepuesto sus intereses a la vida de los ciudadanos», denunció.
