La fiscal de la Audiencia Nacional, Ana Noé, ha interesado este viernes prisión provisional comunicada y sin fianza para el jubilado de Miranda de Ebro presunto autor del envío de cartas explosivas. Así lo confirman fuentes fiscales, que apuntan que P.G.P., de nacionalidad española y 74 años de edad, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado.
El Ministerio Público le atribuye seis delitos de terrorismo –uno por cada carta incendiaria enviada–, dos de ellos agravados por ir dirigidas a miembros del Gobierno. Esos delitos irían en concurso con un delito fabricación, empleo de artefactos explosivos, inflamables, incendiarios con finalidad terrorista.
Desde la Fiscalía motivan su petición de prisión incondicional por el riesgo de fuga, de ocultación de fuentes de prueba y riesgo de comisión de otros hechos delictivos.
EL JUBILADO DE MIRANDA DE EBRO
El jubilado remitió hasta seis cartas a finales del pasado mes de noviembre y principios de diciembre a instituciones como Presidencia del Gobierno, Ministerio de Defensa o las embajadas de EEUU y Ucrania en España. Se trata de una persona muy activa en redes sociales y con conocimientos técnicos e informáticos, según informaron fuentes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. El Ayuntamiento de Vitoria ha confirmado que fue funcionario de este consistorio hasta 2013.
El arrestado, que fue funcionario del consistorio de Vitoria hasta 2013, residía en una pequeña vivienda en la calle del Clavel de Miranda de Ebro, donde especialistas de la Policía Nacional llevaron a cabo este miércoles un registro.
El Ministerio del Interior subrayó que la investigación ha sido muy «compleja y laboriosa», afectando a varias provincias de España. Las diligencias han podido determinar que todos los envíos de las seis cartas se realizaron desde la ciudad de Burgos.
EL ENVÍO DE NOVIEMBRE
El pasado 24 de noviembre fue detectada una carta con material explosivo dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había sido remitido por correo postal ordinario. Los servicios del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno detectaron la carta en las tareas de cribado y filtrado de la correspondencia.
Otras cinco cartas similares, por sus características y contenido, llegaron a la Embajada de Ucrania y a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, a la empresa Instalaza en Zaragoza, al Centro de Satélites de la Unión Europea ubicado en la Base Aérea de Torrejón y al Ministerio de Defensa. Un vigilante de seguridad de la Embajada de Ucrania resultó herido por la explosión de uno de los artefactos.
El pasado 3 de enero el juez de la Audiencia Nacional que investiga el envío de esta serie de cartas explosivas acordó abrir una nueva línea de investigación en la causa para llevar a cabo una serie de pesquisas de carácter tecnológico.
