El expresidente de la Federación Española de Rugby (FER) Javier González Cancho ha aceptado una condena de seis meses de cárcel al reconocer que cometió un delito de administración desleal cuando estaba al frente de la federación.
El fiscal y las acusaciones han acordado un acuerdo de conformidad para evitar la celebración del juicio en la Audiencia de Madrid. Así, será condenado a seis meses de cárcel y deberá indemnizar a la FER con cerca de 100.000 euros a pagar en cuatro años, ha detallado a Europa Press fuentes fiscales. En su escrito de acusación, el fiscal le pedía inicialmente tres años de cárcel por realizar gastos «desproporcionados», siempre con cargo al organismo que presidía.
Citaba por ejemplo «viajes a Las Vegas, la firma de contratos con empresas de digitalización presupuestados en 500.000 euros o encargos para la elaboración de informes de los que sólo él tenía conocimiento con el fin de favorecer a personas con las que había trabajado en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda». El acusado llegó al cargo de presidente de la Federación Española de Rugby (FER) el 14 de julio de 2012 donde estuvo hasta abril de 2014 cuando presentó su dimisión.
Así, a los dos meses de ser elegido, la Federación pagó 30.000 euros a un arquitecto por orden de su presidente en concepto de honorarios del Informe sobre la Ciudad del Rugby Español en Arroyo de la Encomienda.
COMPLEJO DEPORTIVA
El escrito de acusación sostiene que ni el Comité Ejecutivo ni la Junta Directiva de la Federación acordaron la elaboración de dicho informe, «ni tuvieron conocimiento de la existencia de ningún proyecto para la implantación de un complejo deportivo destinado al rugby en dicho municipio vallisoletano».
Del mismo modo, recalca que «tampoco» existe indicio alguno de que dicho proyecto «fuera a desarrollarse o se hubiese realizado la mínima gestión con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda destinada a su implantación».
En enero de 2013 el acusado contrató la elaboración del diseño y programación de una nueva página web con la mercantil GCD SL, administrada por quien había sido Jefe del Gabinete de Alcaldía en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. El importe de la contratación, sin embargo, «se realizó sin los requisitos de concurrencia exigidos por el Consejo Superior de Deportes para la contratación de servicios superiores a 12.000 euros». De hecho, ascendió a 29.167 euros, un precio «muy superior» al ordinario de mercado, «resultando por el contrario que el diseño elaborado fue arcaico e ineficaz y hubo de ser sustituido».
Del mismo modo, en septiembre de 2012, también en su condición de presidente de la FER y, «con la intención de beneficiar a un amigo personal», formalizó un contrato con la empresa OESIA NETWORKS –en la que este último ostentaba el cargo de gerente de proyectos–, para la realización de un proyecto de digitalización.
Y lo hizo de nuevo sin cumplir los requisitos de concurso exigidos por el Consejo Superior de Deportes para los servicios por importe superior a 12.000 euros, «despreciando las necesidades y los perjuicios que pudieran ocasionarse a la FER».
Este proyecto se había presupuestado en 500.000 euros, cantidad «absolutamente desproporcionada» con relación a los ingresos federativos, si bien únicamente llegó a desarrollarse la fase inicial, denominada fase 0, por la que se satisficieron 62.121,40 euros a la mercantil OESIA.
Con fecha de enero de 2014 su amigo causó baja voluntaria en la empresa referid, lo que originó que percibiera por los servicios prestados durante el año 2013, un importe bruto anual en concepto de retribución variable de 5.756,90 euros.
El día 1 de abril de 2014 el acusado contrató a su amigo la prestación de servicios de Secretaría Técnica y Tesorería con una duración de treinta y nueve meses, con un incremento salarial de 26.535 euros respeto de la remuneración que había venido percibiendo el anterior secretario técnico, cuando ya el Consejo Superior de Deportes, a la vista del estado económico de la FER, había impuesto a la misma un plan de viabilidad para reducción de gastos, que resultó incumplido, motivo por el cual dicha entidad impuso a la FER una sanción de 211.03,63 euros.
Además, en febrero de 2013, con ocasión de un torneo de la International Rugby Board Sevens Series, el acusado sufragó, con cargo a la FER, el viaje y estancia en la ciudad de Las Vegas de dos personas ajenas a la actividad de la federación, una de las cuales resultó ser el exalcalde del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, por un importe de 2.772,74 euros.
