El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tomará posesión del cargo este miércoles en el Supremo tras ser confirmado por el Gobierno por su «impecable» trayectoria, a pesar del informe contrario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la fuerte contestación interna y el reciente fallo del alto tribunal que le atribuye una «desviación de poder» por el ascenso de su antecesora, Dolores Delgado.
Según informó el Tribunal Supremo (TS), el acto tendrá lugar a las 13.00 horas en el Salón de Plenos ante el presidente interino del TS, Francisco Marín Castán. Una hora después, a partir de las 14.00 horas, García Ortiz ofrecerá un discurso en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE).
García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año.
Desembarcó en la jefatura de la FGE procedente de su Secretaría Técnica, donde ejerció como ‘mano derecha’ de Delgado y cargo con el que ascendió a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera fiscal.
Desde su llegada ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general del Estado inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.
Una de las primeras decisiones de García Ortiz fue ascender a su predecesora a fiscal de sala, con destino en la Sala de lo Militar del TS, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, que apostó por el ex teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda como experto en derecho militar.
Rueda recurrió dicha decisión ante el TS, que le dio la razón anulando el nombramiento de Delgado para la Sala Quinta, lo que deja en el aire su continuidad como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
El Supremo fue contundente al resolver que García Ortiz incurrió en una «desviación de poder», que calificó de «innegable», por ascender a Delgado por haber sido fiscal general del Estado.
NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES
A esto se suma la polémica desatada el pasado junio, cuando adelantó otro Pleno del Consejo Fiscal para adjudicar una serie de plazas, entre ellas la de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a la que aspiraba Delgado. También en contra del criterio mayoritario, ésta se hizo con el puesto y otro candidato y las asociaciones de fiscales AF y APIF recurrieron al Supremo este segundo nombramiento, aún pendiente de resolución.
El ‘caso Delgado’ y otros nombramientos discrecionales han acarreado a García Ortiz las críticas de la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que al igual que hicieron con Delgado le acusan de favorecer a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron ambos.
De hecho, la designación de Delgado para Memoria Democrática y Derechos Humanos supuso que destacados fiscales se dieran de baja de UPF –como el fiscal del ‘procés’ Javier Zaragoza, el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana o la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra– por «el lamentable espectáculo» vivido en el Consejo Fiscal del pasado junio.
NO IDÓNEO
Pese a todo, el Gobierno avanzó que confirmaría a García Ortiz. La ministra portavoz, Pilar Alegría, destacó su «impecable» trayectoria. «Además, (está) muy comprometido con esos valores democráticos y constitucionales», añadió.
Como parte del proceso de ratificación en el cargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tuvo que emitir un informe obligatorio pero no vinculante donde, por primera vez, se opuso –por 8 votos contra 7– a avalar al candidato propuesto por el Gobierno al considerar que García Ortiz no es idóneo para continuar al frente del Ministerio Público.
El Consejo acusó al fiscal general de hacer un uso «espurio» de sus poderes, mencionando el duro fallo del Supremo; su política de nombramientos discrecionales; que ha impuesto criterios erróneos, como con la ley del ‘solo sí es sí’; y su «inactividad» para defender a los fiscales del ‘procés’ de las acusaciones de ‘lawfare’.
Durante su comparecencia del pasado diciembre en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en el marco del mismo trámite, García Ortiz respondió cargando contra los vocales conservadores del CGPJ que consideraron que no era idóneo para el cargo y contra el Supremo por cuestionar su «proceder», al tiempo que reivindicó el ascenso de Delgado y defendió a los fiscales del ‘procés’.
LA AMNISTÍA, CUANDO LLEGUE EL MOMENTO
De cara a los próximos cuatro años, el mayor desafío para García Ortiz será el relacionado con la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE, que se encuentra en trámite parlamentario.
Por ahora, ha rehusado pronunciarse, indicando que lo hará cuando sea ley y en los distintos procedimientos judiciales donde tenga que intervenir la Fiscalía. Hasta entonces, ha recordado que «el fiscal general del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad» del Ministerio Público, así como «respetar el principio de separación de poderes» y «evitar cualquier injerencia».
De entrada, el acuerdo suscrito por los socialistas y Junts, donde se habla de crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de ‘lawfare’ y depurar las responsabilidades correspondientes, lo que abre la puerta a sancionar a los jueces y fiscales que encausaron el ‘procés’, ya le ha generado los primeros problemas.
A raíz del acuerdo PSOE-Junts, los fiscales del ‘procés’ –Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– le pidieron «amparo institucional», si bien el jefe del Ministerio Público se limitó a contestarles que «siempre» defendería la «autonomía» de éstos y otros fiscales. Una respuesta que no gustó en la carrera fiscal, al considerarla tibia, pero que después reforzó. Finalmente, el Consejo Fiscal les amparó.
LA IMAGEN DE LA FISCALÍA
En este año de mandato, García Ortiz ya tuvo que encarar la gestión de la ley del ‘solo sí es sí’, que ha provocado más de 1.000 rebajas de pena y más de 100 excarcelaciones a agresores sexuales, según datos del CGPJ. Su instrucción para que los fiscales abogaran por mantener las viejas penas si encajaban dentro del nuevo marco penal –en línea con la tesis del Gobierno– fue tumbada por el Supremo.
Otra fuente de conflicto fue el ‘caso Miguel Ángel Blanco’. El fiscal Vicente González Mota dejó la causa tras defender que aún era posible encausar a los ‘cerebros’ del secuestro y asesinato del joven concejal del PP, opinión no compartida por sus compañeros de la Audiencia Nacional. García Ortiz llevó el asunto la Junta de Fiscales de Sala, que secundó que se siguiera investigando aplazando el debate sobre la prescripción al momento procesal oportuno.
Todos estos focos de controversia han propiciado que tanto desde el PP como desde la AF y la APIF se haya reclamado reiteradamente la dimisión de García Ortiz, antiguo fiscal del ‘caso Prestige’, y experto en derecho medioambiental, que aterrizó en el cargo con la promesa de ganar autonomía para la institución a través de una reforma estatutaria que aún sigue en el tintero.
Así las cosas, en la última apertura del año judicial se mostró consciente de la necesidad de «promover la confianza institucional». «La proyección de lo que somos no se corresponde con la visión que la sociedad tiene de nosotros», dijo y añadió que la ciudadanía «puede estar tranquila» porque la acción de la Fiscalía está sometida a «filtros y controles».
