El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha destacado el impacto de la última reforma laboral sobre la tasa de temporalidad del mercado laboral de España, aunque considera necesarias medidas adicionales para abordar la dualidad y alcanzar una mayor estabilidad, para lo que plantea relajar la protección del empleo, mientras que advierte de la necesidad de evaluar cuidadosamente los efectos de subidas adicionales del salario mínimo o de la reducción de la jornada laboral.
Según refleja en su declaración final la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha visitado el país en el marco del Artículo IV, si bien la reforma laboral de 2021 logró bajar la tasa de temporalidad en más de diez puntos porcentuales, al nivel promedio de la UE, «se necesitan políticas adicionales» para alcanzar una mayor estabilidad del empleo en sentido amplio.
En este sentido, a pesar del impacto sobre la dualidad en el mercado laboral de la reforma, los técnicos del FMI consideran que su impacto general sobre las transiciones del empleo al desempleo «es menos claro» y proponen, de cara al futuro, «relajar la legislación de protección del empleo», incluyendo reducir la incertidumbre en torno a los costes de despido, con el fin de incentivar a los empleadores a celebrar contratos permanentes indefinidos.
MÁS COTIZACIONES PARA LOS EMPLEADORES CON MÁS ROTACIÓN
Otras medidas encaminadas en este sentido planteadas en el documento serían incrementar las cotizaciones para la prestación por desempleo por parte de aquellos empleadores con mayor rotación de personal, lo que podría desalentar excesivas transiciones entre actividad e inactividad bajo los contratos fijos-discontinuos, que a su vez deberían estar sujetos a un monitoreo más preciso, mientras que restringir el uso de contratos temporales en el sector público, tal y como está previsto, también contribuiría a seguir reduciendo la tasa de temporalidad.
Asimismo, la misión del FMI considera necesario reforzar las políticas activas de empleo (PAE) y mejorar los incentivos para la aceptación de ofertas de empleo con el fin de recortar el aún elevado desempleo estructural en España.
A tal fin, señalan que la Ley de Empleo de 2023 «es un paso en la dirección correcta», pero consideran que, para lograr un progreso decisivo, habrá que reforzar los requisitos de activación e integrar mejor las políticas activas y pasivas de empleo mediante la convergencia hacia un modelo de «ventanilla única».
También destacan el margen existente para aumentar el gasto en PAE y mejorar la eficacia de las agencias regionales del Servicio Público de Empleo Estatal estrechando el vínculo entre sus recursos y su desempeño en materia de colocación laboral.
Por otro lado, apuntan que la salida del desempleo «se aceleraría» aumentando los incentivos para la aceptación de ofertas de empleo, tal como lo contempla la propuesta de reforma del subsidio por desempleo que pretende compatibilizar las prestaciones del subsidio con el ingreso laboral.
PRECAUCIÓN CON LAS NUEVAS MEDIDAS LABORALES
Las conclusiones de la misión del FMI que ha visitado España advierten también de que, de cara al futuro, las iniciativas en materia de política laboral «deberían estar cuidadosamente diseñadas para evitar efectos adversos en el empleo y el crecimiento».
En particular, los técnicos del FMI advierten de que, después de subir más de 50% en los últimos cinco años, el salario mínimo ha alcanzado la meta fijada por el Gobierno de 60% del salario medio y subrayan que cualquier aumento adicional debería tener en cuenta los posibles efectos perjudiciales en el empleo poco cualificado y guiarse por las recomendaciones de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, a la que piden dar más autonomía y peso institucional.
Por otro lado, señalan que «si no se diseña correctamente», la reducción prevista de la jornada laboral en el sector privado podría incrementar los costes laborales y reducir la producción y los ingresos de los trabajadores a largo plazo, por lo que recomiendan acompañar la reforma de «moderación salarial», así como acomodar la heterogeneidad entre sectores a través de la negociación colectiva para contener estos efectos adversos.
Asimismo, apuntan que, en caso de que se considere una eventual reducción de la jornada laboral en el sector público, la misma deberá ser proporcional a la reducida brecha entre las horas de trabajo efectivas y la norma legal propuesta.
VIVIENDA
En cuanto al mercado de la vivienda en España, donde los precios han experimentado un incremento moderado, la misión del FMI considera que para mejorar su asequibilidad las autoridades españolas «deberían priorizar el estímulo de la oferta, antes que el apoyo distorsivo de la demanda».
En este sentido, destaca el avance del Gobierno en sus esfuerzos para ampliar la oferta de viviendas, aprovechando las transferencias no reembolsables de los fondos ‘Next Generation UE’ (NGEU) para financiar el desarrollo de viviendas asequibles en suelos públicos y la expansión del parque de vivienda social, que actualmente es reducido.
Asimismo, considera que la racionalización en curso de la planificación urbana, entre otras cosas «desburocratizando» la concesión de licencias a nivel regional y local, también constituye un paso en la dirección correcta.
De su lado, respecto de la introducción de topes a los precios del alquiler de vivienda en zonas tensionadas, contemplada en la Ley de Vivienda de 2023, que hasta el momento se han implementado únicamente en algunas partes de Cataluña, el documento recuerda que experiencias previas sugieren que los topes a los alquileres pueden reducir la oferta de viviendas de alquiler y limitar el acceso de los grupos más marginados, «contraviniendo así los propios objetivos de la ley», por lo que ve necesaria una evaluación del impacto inicial de los topes fijados por Cataluña para informar el curso de la política en el futuro.
