El fundador y director de la plataforma de mensajería Telegram, Pavel Durov, ha calificado de «errónea» la acusación vertida por la Justicia francesa en su contra por delitos cometidos por terceras partes en la aplicación y que le llevó a ser detenido a finales de agosto en el aeropuerto de Le Bourge, cerca de París.
«Si un país no está satisfecho con un servicio de Internet, la práctica establecida es iniciar una acción legal contra el propio servicio. Utilizar leyes de la era anterior a los teléfonos inteligentes para acusar a un director general de delitos cometidos por terceros en la plataforma que gestiona es un planteamiento erróneo», ha expresado Durov en su canal de Telegram.
De igual forma se ha mostrado sorprendido por las afirmaciones de la Policía sobre su presunta responsabilidad por los usos ilegales de otras personas debido a la falta de respuesta de Telegram a las reclamaciones de las autoridades del país.
«Me dijeron que podía ser personalmente responsable del uso ilegal de Telegram por parte de otras personas, porque las autoridades francesas no recibían respuestas de Telegram. Esto fue sorprendente por varias razones», ha añadido.
Tras ello, ha explicado que Telegram tiene un representante oficial en la Unión Europea «que acepta y responde a las solicitudes» de la misma y que su dirección de correo electrónico está disponible de forma pública para cualquier interesado.
Durov también ha aseverado que Francia disponía de numerosas formas de ponerse en contacto directo con él para solicitar ayuda, y es que, «como ciudadano francés, acudía con frecuencia al consulado de Francia en Dubái».
Además, ha recordado que hace tiempo colaboró con las autoridades del país a establecer una línea directa con Telegram para hacer frente a amenazas terroristas.
«Crear tecnología ya es bastante difícil. Ningún innovador creará nuevas herramientas si sabe que puede ser considerado personalmente responsable del abuso potencial de esas herramientas», ha añadido.
El fundador de la plataforma ha afirmado que establecer un equilibrio entre la privacidad y la seguridad no es algo «fácil» tanto por las leyes de cada país como por las limitaciones tecnológicas e incluso para mantener la «coherencia en todo el mundo» sin que se abuse de la misma con un Estado de derecho «débil».
«Nos hemos comprometido a colaborar con los reguladores para encontrar el equilibrio adecuado. Sí, mantenemos nuestros principios: nuestra experiencia está marcada por nuestra misión de proteger a nuestros usuarios en regímenes autoritarios. Pero siempre hemos estado abiertos al diálogo. A veces no podemos ponernos de acuerdo con el regulador de un país sobre el equilibrio adecuado entre privacidad y seguridad. En esos casos, estamos dispuestos a abandonar ese país», ha agregado.
En ese sentido, ha recordado que Telegram fue prohibida en Rusia cuando se negó a entregar claves de cifrado para permitir vigilancia y que fue baneada en Irán tras negarse a bloquear canales de manifestantes pacíficos.
Durov también ha criticado las afirmaciones de que la aplicación es «una especie de paraíso anárquico», y ha informado de que eliminan «millones de mensajes y canales dañinos» todos los días, y que a diario publican informes de transparencia.
Sin embargo, ha reconocido que el «abrupto aumento» de los usuarios en Telegram, que cuenta ya con más de 950 millones, ha provocado «problemas de crecimiento» que han facilitado que los delincuentes puedan abusar de la misma, por lo que ha prometido «mejorar significativamente las cosas en ese sentido».
«Estamos dispuestos a abandonar mercados que no son compatibles con nuestros principios, porque no hacemos esto por dinero. Nos mueve la intención de hacer el bien y defender los derechos básicos de las personas, sobre todo en lugares donde se violan esos derechos. Todo esto no significa que Telegram sea perfecto. Incluso el hecho de que las autoridades puedan confundirse sobre dónde enviar solicitudes es algo que deberíamos mejorar», ha expresado.
La Fiscalía de París le imputa doce delitos, entre ellos difusión de pornografía infantil, o tráfico de drogas. Las autoridades le reprochan además que no haya colaborado en las investigaciones sobre estos contenidos que ofrece su plataforma.
