El Gobierno ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, un texto «pionera» en Europa que aúna «todos los aspectos de un derecho fundamental que cuenta ahora con una regulación fragmentada»: el derecho a la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el derecho a ser informado de la acusación y a no declarar contra uno mismo.
Así lo ha anunciado la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en la que también han comparecido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.
«Estamos de enhorabuena en el sistema judicial», ha dicho Llop tras insistir en que se trata de un texto «pionero» en Europa que se enmarca en el «gran plan de modernización de la Justicia».
La ministra ha recordado que todos los ciudadanos pueden verse «envueltos en un proceso judicial» a lo largo de su vida y ha asegurado que desde el Ejecutivo entienden que «sin Justicia no hay cohesión social ni territorial» y que «el derecho de defensa no puede depender del bolsillo».
En su intervención, la titular de Justicia ha defendido el Anteproyecto, que incorpora al ordenamiento jurídico y al sistema de garantías las demandas de la jurisprudencia de los tribunales. Con este texto, se recoge en un solo cuerpo legal todos los aspectos del derecho de defensa y se incorporan las experiencias y necesidades manifestadas tanto por el Consejo General de la Abogacía Española, como por otros órganos y asociaciones representativas.
Llop ha explicado que aunque el derecho a la Defensa está reconocido en la Constitución, «no existen registros previos de una ley como esta».
