El Gobierno ha aprobado este viernes en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso el dictamen de la Ponencia sobre la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como ‘Ley Celaá’, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País.
La representante de EH Bildu, se ha ausentado de la sala antes de terminar la sesión, mientras que PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra.
El apoyo conseguido este viernes en la comisión, no sería suficiente para el Ejecutivo en el Pleno del Congreso de la próxima semana, en donde el dictamen será de nuevo debatido y deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados), ya que se trata de una reforma de una ley orgánica, y continuar su tramitación en el Senado.
El dictamen recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como es el caso de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares, cuestión que ha suscitado una gran polémica.
De hecho, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC) si es apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara baja.
El texto también incluye: el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la «excepcionalidad» de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.
DISCREPANCIAS ENTRE PSOE Y PODEMOS POR LA ÉTICA
A pesar del acuerdo de Gobierno, Unidas Podemos ha mantenido vivas numerosas enmiendas que tenían que ver con la bajada de ratios por aula, ampliación de oferta de plazas públicas, la empatía animal en el currículum, así como el mantenimiento en 4º de Eso de la materia de ética, que la LOMLOE relega a los dos cursos de Bachillerato.
En esta última, los morados esperaban el apoyo del PP ya que los ‘populares’ tenían una medida similar entre sus propuestas. La portavoz del PP en esta materia, Elena Castillo, ha pedido a su homólogo de Podemos, Javier Sánchez Serna un ‘quid pro quo’ con ambas enmiendas, pero, finalmente, no han llegado a un acuerdo y la iniciativa no ha prosperado.
En cuanto al debate, las críticas a la ley han llegado principalmente de PP, Vox y Ciudadanos, que se han centrado en los temas más polémicos que se han hecho públicos desde que se conoce el contenido de la LOMLOE o los acuerdos a los que se ha llegado en su tramitación: la inmersión lingüística, la repetición de curso y la situación de la concertada y de los colegios especiales o la Alta Inspección Educativa.
La diputada del PP Sandra Moneo ha acusado al PSOE de no haber buscado el acuerdo y de ser «el peor enemigo de la educación» a través de una ley que «ataca la libertad frontalmente y la calidad del sistema». La portavoz de Educación ‘popular’ ha lamentado que el texto hable de «inclusión» sin tener en cuenta la «equidad» y que por ejemplo, no distinga entre las necesidades de los menores con diferentes discapacidades. «Con sus medidas hundirán al más débil», ha advertido.
UNA LEY DE «DUDOSA GARANTÍA DEMOCRÁTICA»
Para Vox, esta norma es «un entreguismo a quienes quieren romper España», según la ha definido su portavoz en esta materia, Joaquín Robles López. Su compañera Georgina Tríaas, por su parte, ha criticado la falta de libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y ha advertido al Ejecutivo que cuando el TC se pronuncie «tendrán que implantar el ‘pin parental'» de Vox para cumplir con ste derecho.
Muy crítica ha sido también la representante de Ciudadanos, Marta Martín, quien ha calificado la ley como una «vergüenza» y considera que es de «dudosa garantía democrática». La diputada también ha criticado el «trampantojo» de las repeticiones, y ha recriminado al PSOE sus propuestas sobre la Alta Inspección Educativa que, a su juicio, no son «democráticas».
La diputada ha ofrecido a los socialistas, durante la sesión, un «acuerdo de mínimos», pero que «se ajusta a las sentencias del Constitucional» en este sentido, y que determina que en aquellas comunidades en las que se ha sometido a los alumnos a la inmersión lingüística tengan, al menos, el 25% de enseñanza en castellano. La propuesta ha sido rechazada.
La norma tampoco ha gustado al diputado de Navarra Suma Sergio Sayas, para quien esta ley se ha tramitado con «escaso carácter democrático» y «totalmente de espaldas al sector de educación». A su juicio, es un «castigo» a la escuela concertada, «anula» la educación diferenciada, algo «claramente inconstitucional», y con ella «va a ser difícil» poder estudiar en español en algunas comunidades.
DEFENSA DE LAS COMPETENCIAS
En el caso del PNV, su diputada Josune Gorospe, ha puesto sobre la mesa a importancia de la enmienda presentada por su grupo en materia de respeto competencial a las autonomías, así como la necesidad de introducir el la ley el concepto de lengua propia para referirse, en este caso, al euskera, unos textos que, finalmente, se han agregado a la norma con el apoyo de la mayoría.
También ha hablado de competencias, la portavoz de ERC, Montserrat Bassa, quien ha defendido que el «modelo de progreso» de la escuela catalana, «sólo es posible íntegramente desde su independencia». Aún así, ha reclamado que el Ejecutivo financie por igual a todos los modelos de enseñanza, una medida en la que coincide con el representante de Junts, Sergi Miquel. El diputado ha defendido un modelo «rico y diverso» en cuanto a modelos de enseñanza.
Por otra parte, la portavoz de Más País Equo, Inés Sabanés, sí se ha mostrado partidaria de la reforma del Gobierno. A su juicio, el marco actual es «una vuelta al pasado» con «recogida de firmas, amenazas y politización de la lengua», para esconder «los graves problemas que ha aquejado la educación» y que son «»la desigualdad, el fracaso escolar, la falta de financiación y la segregación». «Eso es lo que trata de atajar la ley», ha zanjado Sabanés.
EL PSOE ACUSA A LA DERECHA DE GENERAR BULOS
Mientras, los partidos en el Gobierno han defendido el texto de Celaá. Desde el PSOE, su portavoz en esta materia, Luz Martínez Seijo, ha criticado que la derecha haya dedicado el debate a «repetir mantras» que «no son verdad». Así, ha negado el cierre de colegios especiales, que no se haya contado con la comunidad educativa para la redacción del texto o que los inspectores no vayan a acceder a la Alta Inspección Educativa a través de oposición.
Su compañera socialista Maribel García, ha reprochado, además, al PP que acusen al PSOE de atacar la concertada cuando ellos «atacan a la pública» donde gobiernan y cuando en sus años de Ejecutivo han reducido su financiación hasta 10 veces más que a la concertada.
El diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez Serna, por su parte, ha indicado que la LOMLOE va en dirección de «blindar» la educación pública y «hacia una escuela más moderna, más diversa, donde la igualdad sea ley». Además, ha dicho que la nueva ley «nace de la participación de la comunidad educativa porque recoge muchas de las demandas que ha hecho» frente «a los oídos sordos» del PP.
Del mismo modo, el diputado de En Comú, Joan Mena, ha lamentado que «las derechas» hable en sus discursos de «igualdad» y se «olviden de las oportunidades».
