El Consejo de Ministros aprobará este martes el decreto de prohibición de los desahucios sin solución habitacional, que incluirá la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y calefacción), así como un plan de apoyo al sector Horeca (hostelería, restauración y cafeterías) y del comercio.
Actualmente está en vigor la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta el 31 de enero, un plazo que se ampliará probablemente para la vigencia del estado de alarma (hasta el 9 de mayo).
Asimismo, el Consejo de Ministros dará hoy luz verde al plan de choque para la hostelería y el comercio, dos de los sectores más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19, que incluye una rebaja del 50% del alquiler a los locales que pertenezcan a grandes propietarios (con más de 10 inmuebles), según han informado a Europa Press en fuentes del Gobierno.
De esta forma, tras la aprobación de este plan para hacer frente a los efectos de la crisis, el inquilino podrá solicitar antes del 31 de enero la rebaja del 50% durante el estado de alarma, sus posibles prórrogas y hasta los cuatro meses posteriores.
Así, para acceder esta ayuda, el local deberá ser propiedad de un gran propietario y no debe existir un acuerdo previo entre las partes para la reducción temporal de la renta o una moratoria en el pago durante la pandemia.
Además, el texto incluirá incentivos fiscales para aquellos que no sean grandes tenedores y rebajen las rentas que obtienen por el alquiler de sus locales dedicados a la hostelería y al comercio.
Con estas medidas, el sector hostelero, que ha solicitado ayudas directas por valor de 8.500 millones de euros, tomaría aire para hacer frente a la «dramática» situación por la que atraviesa debido a los cierres impuestos para frenar el Covid-19 y conseguiría garantizar su supervivencia.
No obstante, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha pedido que el plan contemple también la moratoria automática, con ampliación de los periodos de carencia de la devolución de los principales créditos y extender como mínimo hasta junio de 2021 la aplicación de los ERTES, aumentando la cobertura y simplificando la gestión, así como derogar la cláusula del mantenimiento del empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad e impulsar acciones de reactivación de la demanda.
