El Consejo de Ministros aprobará este martes el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que remitirá a la Comisión Europea con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026.
El Plan debe ser remitido a Bruselas antes del 30 de abril, por lo que recibirá el visto bueno del Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes, según han trasladado a Europa Press en fuentes gubernamentales.
Además, las mismas fuentes han confirmado que las tasas de referencia del déficit público contenidas en el Plan de Estabilidad se comunicarán el viernes, el mismo día que se enviarán a Bruselas, ya que no es necesaria su aprobación en Consejo de Ministros porque están suspendidas las reglas fiscales para 2021.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en rueda de prensa hace dos semanas para detallar el contenido del documento provisional del Plan de Recuperación, articulado en cuatro ejes y compuesto de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas para canalizar los fondos de reconstrucción que recibirá España para hacer frente a la crisis.
Entre los objetivos fundamentales que se ha marcado el Ejecutivo destacan impulsar la recuperación económica en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible, en la mayor oportunidad que se le plantea a España en un siglo para lograr una verdadera transformación de su economía, en palabras del propio Sánchez.
Del conjunto del plan, se destinará el 39% a la transición ecológica, 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación y un 7% para I+D+i, según especificó el presidente.
Entre las inversiones, se contemplan 20 principales para los tres próximos años, con el foco en la movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración pública y digitalización.
REFORMAS CONTROVERTIDAS
Sobre las reformas, la pata del plan más controvertida, se pretende abordar el sistema de pensiones, así como la transformación del mercado laboral, además de la modernización del sistema de salud, la reforma del sistema eléctrico, la modernización de la Justicia, la nueva economía de los cuidados, la ley de Aguas o la reforma fiscal.
En total, se movilizarán en el periodo 2021-2023 inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones de euros, que tendrán un impacto «inmediato» en la economía y en el empleo este mismo año.
En concreto, el Gobierno sitúa en un 2% anual el efecto positivo de los fondos europeos tanto para este año como para el que viene y además contempla que permitirán la creación de 800.000 nuevos empleos en seis años.
Desde el Ejecutivo han transmitido su confianza en que se mantenga la hoja de ruta prevista para que la Comisión pueda aprobar en junio los planes de recuperación. No obstante, confía en que Bruselas flexibilice la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado para acelerar los proyectos.
A la espera de que lleguen los fondos, el Gobierno ya ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 la canalización de más de 27.000 millones de euros, a financiar con dichos fondos y que se destinarán a las inversiones y reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
PLAN DE ESTABILIDAD CON UN DÉFICIT EN EL ENTORNO DEL 8%
El Gobierno remitirá también a Bruselas el viernes el Programa de Estabilidad que incluirá el escenario fiscal a medio plazo y la actualización del cuadro macroeconómico con la ya anunciada revisión a la baja de las previsiones para 2021 ante el impacto de la tercera ola de la Covid-19 y ante el retraso de los fondos europeos.
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, indicó ayer que el Gobierno remitirá el viernes a Bruselas la senda de déficit público hasta el año 2024, aunque no quiso adelantar las cifras.
El déficit público cerró el año 2020 en el 10,09% del PIB sin incluir las pérdidas de Sareb (con ellas se elevó al 10,97%), por debajo del 11,3% previsto inicialmente, y la estimación del Gobierno para este año es que concluya en el 7,7% del PIB, una cifra que previsiblemente se verá modificada debido, por un lado, a la mejora del dato del año pasado pero también a la revisión a la baja del crecimiento del PIB para este año.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de presentar el plan de estabilidad, que recoge la senda de déficit entre 2021 y 2024 y la revisión del cuadro macroeconómico, que contempla ahora un crecimiento del PIB del 6,5% para este año, por debajo de casi el 10% previsto inicialmente.
Durante su participación en unas jornadas organizadas por la APIE, Montero confirmó que el déficit de este año cerrará por debajo del dato de 2020, cuando superó el 10% del PIB, pero no quiso adelantar las cifras que se conocerán el viernes, 30 de abril, fecha en la que los Estados miembros deben enviar a la Comisión Europea sus planes de estabilidad.
La Comisión Europea dio luz verde a la suspensión de las reglas fiscales de 2020 y 2021, una opción que adoptó España ante el impacto de la crisis. Esto implica la suspensión de los objetivos de estabilidad para esos dos ejercicios, que se han sustituido por tasas de referencia.
De cara al 2022, Montero ha reiterado su confianza en que Bruselas mantenga también para el año que viene la suspensión de las reglas fiscales para poder seguir revitalizando la economía sin recurrir a políticas de ajuste que retraigan el consumo y la inversión pública, una decisión que el Eurogrupo se ha comprometido a tomar antes de que finalice junio.
