El Gobierno ha aprobado este martes, en segunda vuelta, la Ley de Representación Paritaria, que obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, este martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno aprobó esta norma en primera vuelta el pasado mes de marzo, aunque en ese momento solo afectaba a las listas electorales, la composición del Gobierno, los consejos de administración de grandes empresas, las juntas de gobierno de los colegios profesionales y los jurados de reconocimiento público de personalidades.
Ahora el Ejecutivo ha introducido una modificación para que afecte también a los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional como «el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que tengan una representación paritaria», tal y como ha precisado Calviño.
Además, la vicepresidenta primera del Gobierno ha indicado que otra de las modificaciones introducidas consiste en que «se flexibiliza el calendario de implementación de estos objetivos que irá desde 2024 para el IBEX 35 hasta 2028 para las entidades de interés público».
En concreto, las empresas del Ibex 35 deberán contar con un mínimo del 40% de consejeras antes del 30 de junio de 2024, plazo que se amplía para las empresas cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 500 millones, que tendrán hasta el 30 de junio de 2025 para alcanzar este objetivo.
Asimismo, las compañías con una capitalización bursátil inferior a los 500 millones contarán con un año más, hasta el 30 de junio de 2026, para contar en sus consejos de administración con, al menos, un 40% de mujeres. A su vez, las sociedades de interés público tendrán que alcanzar el 33% de mujeres en sus órganos directivos hasta el 30 de junio de 2026 y el 40% antes del 30 de junio de 2028.
En el ámbito de la Administración General del Estado, la norma dicta que los órganos superiores y directivos de cada ministerio (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) deberán incorporar también este principio de paridad en los próximos cinco años.
NO PODRÁ HABER CONSEJOS INTEGRADOS SOLO POR MUJERES
La ley establece que ningún sexo podrá tener una representación inferior al 40% ni superior al 60%, por lo que no podrá haber tampoco consejos de administración formados solo por mujeres.
En cuanto al régimen, Calviño ha explicado que es más estricto ante el incumplimiento de la presencia de mujeres a la que obliga la ley en los consejos de administración, mientras que en el caso de los puestos directivos, la empresa tendrá que explicar si no se cumple la norma, establecer protocolos y revisar sus procesos para garantizar que así se produce. Además, el régimen sancionador será más estricto para las grandes empresas cotizadas, para las que se establece como infracción grave el incumplimiento de estas previsiones.
«Con esta ley damos un paso importante para lograr la paridad efectiva sin por ello establecer exigencias desproporcionadas sobre las grandes empresas y, por supuesto, sin establecer estos requisitos para las pequeñas empresas con el fin de tener un régimen que sea proporcionado y que logre los objetivos, sin por ello tener un impacto negativo desde el punto de vista del funcionamiento de las empresas en nuestra economía», ha asegurado.
En su opinión, con esta norma, que ahora será enviada al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria, España «se pone a la vanguardia en términos de paridad y en términos de ruptura del techo de cristal e igualdad efectiva entre hombres y mujeres a nivel internacional».
Calviño ha indicado que a pesar de los «avances» conseguidos en cuanto a la participación de las mujeres en el mercado laboral en 2022, aún «queda camino por recorrer» pues «la presencia de mujeres en los consejos de administración de empresas cotizadas se sitúa en el 32% y no llega al 22% en el caso de los puestos de alta dirección».
Si bien, con la nueva norma, los consejos de administración de las sociedades cotizadas y de las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores y una cifra de negocios de más de 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones de euros deberán tener una composición acorde con el principio de paridad y deberán adaptar los procesos de selección para asegurar el cumplimiento de esta disposición, debiendo, en caso de empate entre varios candidatos, elegir al del sexo menos representado en el consejo, según ha señalado el Gobierno.
