El Gobierno ha autorizado a la operadora saudí STC a completar la toma del 9,9% del capital social de Telefónica y convertirse, de este modo, en uno de los principales accionistas de la operadora española, según ha informado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
«Efectivamente, puedo confirmar que el Consejo de Ministros ha autorizado hoy la inversión por parte del principal operador de telecomunicaciones saudí STC para incrementar su participación hasta el 9,9% en Telefónica. Esta autorización ha sido precedida de un análisis exhaustivo por parte de las autoridades españolas, con arreglo no solo al cumplimiento de nuestra legislación vigente, sino también a la elementalidad de la ley, tan importantes como asegurar el interés nacional en materia de defensa», ha asegurado el ministro.
En ese sentido, cabe recordar que STC invirtió 2.100 millones de euros en septiembre de 2023 para adquirir, de forma sorpresiva, el 9,9% del capital social de Telefónica.
Sin embargo, esta operación se tradujo en la toma directa del 4,9% del capital social de la compañía mediante acciones directas y de un 5% adicional mediante instrumentos financieros.
Según la normativa vigente en materia de inversiones extranjeras y debido a que Telefónica es considerada una empresa estratégica y relacionada con la seguridad nacional, el Gobierno debía dar su visto bueno a que una empresa extracomunitaria tenga más del 5% del capital social en una compañía española de este tipo.
ENTRADA DE LA SEPI EN EL CONSEJO
El sorpresivo desembarco de STC en el capital de Telefónica tuvo como consecuencia una serie de movimientos en el accionariado de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete.
De este modo, a finales del pasado mayo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, alcanzó el 10% del capital social de Telefónica y culminó el mandato del Gobierno trasladado a finales del año pasado.
En concreto, la SEPI adquirió un total de 567.016.155 acciones con un precio medio de 4,0295 euros por acción, por lo que el importe de la operación asciende a casi 2.285 millones de euros, si bien a ese paquete accionarial hay que sumarle 541 títulos que la SEPI ya tenía en cartera y que elevan el número total a 567.016.696.
El mandato del Gobierno a la SEPI se produjo el 19 de diciembre de 2023, por lo que la operación para adquirir el 10% del Telefónica por parte del Estado se realizó en cinco meses.
Cabe recordar que el mandato del Gobierno a la SEPI de adquirir hasta el 10% de Telefónica fue un movimiento que se produjo en reacción al sorpresivo desembarco de la teleco saudí STC en la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete el pasado 5 de septiembre.
En este contexto, y a medida que la SEPI iba concretando su entrada en el capital de Telefónica, el consejo de administración de la operadora acordó por unanimidad el pasado 8 de mayo aceptar la «renuncia voluntaria» de Carmen García de Andrés a su cargo como consejera y nombrar por cooptación a Carlos Ocaña Orbis, que ahora forma parte del máximo órgano de decisión de la teleco en representación de la SEPI.
EL MOVIMIENTO DE CRITERIACAIXA
Por otro lado, la entrada de STC en el accionariado de Telefónica también ha provocado que CriteriaCaixa, el ‘holding’ de la Fundación Bancaria la Caixa, alcanzase una participación del 9,99% del capital social de Telefónica a finales del pasado junio.
Con este porcentaje, CriteriaCaixa casi alcanza el que tiene el Estado en la teleco a través de la SEPI, si bien el holding se ha propuesto alcanzar como máximo un 10,01%.
En ese sentido, el movimiento del Gobierno a través de la SEPI y el de CriteriaCaixa se interpretan como un modo de mantener la españolidad del consejo de administración de Telefónica.
