El Gobierno ha acordado en el Consejo de Ministros celebrado este martes el cese de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala coordinador de la Unidad de Menores, acatando así el fallo del Tribunal Supremo (TS), que el pasado julio anuló por segunda vez su nombramiento al considerar que los argumentos esgrimidos por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para situarlo en la plaza no son suficientes.
Una vez cesado, la plaza queda desierta, por lo que ahora deberá ponerse en marcha el proceso para cubrirla, lo que implica la convocatoria de un nuevo concurso; la celebración de un Pleno del Consejo Fiscal para valorar a los candidatos que compitan por el puesto; la propuesta del actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, con el aspirante que considere mejor para el cargo; y la consecuente designación por parte del Consejo de Ministros.
El Ejecutivo ha dado este paso, que aparece publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuatro meses después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS anulara por segunda vez el nombramiento de Esteban Rincón, insistiendo en que los motivos aportados por Delgado para nombrarlo no son válidos.
Esteban Rincón llegó al cargo en 2021, tras un Pleno del Consejo Fiscal donde obtuvo el apoyo de cinco vocales, mientras que el fiscal José Miguel de la Rosa, logró seis votos. Pese a ello, Delgado se decantó por el primero, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que perteneció la ex fiscal general.
El Supremo anuló ese nombramiento por primera vez en abril de 2022 por falta de motivación. En respuesta, Delgado firmó un escrito de 22 páginas dando argumentos reforzados para la designación de Esteban Rincón y volvió a proponerlo para el cargo, en el que fue confirmado.
Tras ello, tanto la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– como De la Rosa volvieron a recurrir ante el Supremo, que el pasado 4 de julio les dio la razón incidiendo en la falta de motivación.
Los magistrados sintetizaron los nuevos argumentos de Delgado a favor de Esteban Rincón en su «experiencia y capacitación en la jefatura de fiscalías», su conocimiento del derecho constitucional y su «sintonía» con «la orientación que la fiscal general del Estado tiene acerca de la Fiscalía de Sala de Menores y, más en general, con su política criminal».
La Sala Tercera respondió que, aunque «la fiscal general del Estado puede legítimamente considerar a unas personas más valiosas e idóneas que otras, y nadie podría sensatamente criticar que las convicciones de la fiscal general del Estado –como las de cualquier otra persona– influyan en sus preferencias», «elevar este inevitable sesgo a criterio explícito, objetivo y legítimo de preferencia no es ajustado a Derecho».
El Supremo aclaró que, si solo se hubiera dirimido el ascenso a la máxima categoría (fiscal de sala), «las razones dadas por la propuesta de la fiscal general del Estado habrían constituido una motivación atendible, justificada y suficiente».
No obstante, subrayó que se debatía otra cosa: «Si a la hora de adjudicar una concreta plaza con un perfil determinado, como es la Fiscalía de Sala de Menores, cabe preferir a un candidato sin ninguna experiencia teórica ni práctica en la materia sobre otro que ha acreditado ser un verdadero especialista en la misma», a lo que dio una respuesta negativa.
MALESTAR EN LA AF
Desde este segundo fallo, Esteban Rincón permanecía en el cargo, hecho que la AF ha afeado en una carta dirigida al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que ha reclamado el cese inmediato del hasta ahora fiscal de sala de menores y que se inicien los trámites para cubrir la plaza.
«No es admisible agotar plazos ni escudarse en la pluralidad de órganos encargados de ejecutar la sentencia para retrasar el cumplimiento de una resolución meridianamente clara, manteniendo en una transitoriedad perturbadora la coordinación de una Unidad de tanta relevancia como la de Menores», ha dicho la AF.
No obstante, fuentes fiscales han indicado a Europa Press que la ejecución de esta sentencia correspondía al Gobierno, por cuanto es quien formalmente nombra y cesa, aunque lo haga a propuesta del Ministerio de Justicia y éste, a su vez, por recomendación del jefe del Ministerio Público tras oír al Consejo Fiscal.
Cabe recordar que, en materia de nombramientos, el Supremo acaba de asestar un nuevo golpe a Delgado y su sucesor en el cargo, al declarar nula la designación de ella como fiscal de la Sala de lo Militar del propio TS, acusando a García Ortiz de incurrir en una «desviación de poder» por ascenderla a la máxima categoría de la carrera fiscal por haber sido su predecesora.
Además, la misma Sala Tercera tiene pendiente resolver otros recursos presentados por la AF, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez contra la designación de Delgado como fiscal de sala para Memoria Democrática y Derechos Humanos, plaza que ocupa actualmente.
A juicio de los recurrentes, el nombramiento no fue válido porque el fiscal general no dio opción a estudiar si incurría en causa de incompatibilidad, porque su pareja, el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos. Y, como consecuencia de ello, la mayoría del Consejo Fiscal se abstuvo de participar en la deliberación y votación de la plaza, por lo que –aducen– el órgano consultivo no emitió informe válido.
