El Gobierno confirmará a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado hasta 2027, a pesar de la fuerte contestación en la carrera fiscal –desde donde se le acusa de desoír a las voces disonantes– y de la polémica en torno a la promoción profesional de su predecesora, Dolores Delgado, un movimiento en el que el Tribunal Supremo (TS) aprecia «desviación de poder».
Fuentes gubernamentales han indicado a Europa Press que será ratificado en el Consejo de Ministros previsto para el próximo 28 de noviembre, no solo porque lleva un año desempeñando el cargo, sino por considerar que se trata de un «fiscal de carrera de reconocido prestigio».
García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año.
Desembarcó en la jefatura de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedente de su Secretaría Técnica, donde ejerció como ‘mano derecha’ de Delgado y cargo con el que ascendió a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera fiscal.
Desde su llegada ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general del Estado inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.
De hecho, una de las primeras decisiones de García Ortiz fue ascender a su antecesora a fiscal de sala, con destino en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, que apostó por el ex teniente fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda por su amplia experiencia en derecho militar.
Rueda recurrió dicha decisión ante el Supremo, que acaba de darle la razón anulando el nombramiento de Delgado para la Sala Quinta del TS, lo que deja en el aire su continuidad como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. No obstante, fuentes fiscales señalan a Europa Press que, aunque hay tesis enfrentadas, se estudia la manera de que pueda seguir.
En un fallo de este mismo martes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo fue contundente al resolver que García Ortiz incurrió en una «desviación de poder» que calificó de «innegable» al ascender a Delgado por haber sido fiscal general del Estado. «Y ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal», recalcó el alto tribunal.
Para ello, se apoyó en las palabras del propio Ortiz durante ese Consejo Fiscal, cuando defendió que «quien ha sido fiscal general del Estado no debería retornar a la carrera fiscal en una categoría inferior a la más alta», reconociendo que, «si bien el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) no prevé una promoción automática en ese sentido, él como fiscal general del Estado estaba dispuesto a remediar esa situación, que consideró como una laguna en la ley».
NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES
A esto se suma la polémica desatada el pasado junio, cuando adelantó otro Pleno del Consejo Fiscal para adjudicar una serie de plazas, entre ellas la de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a la que aspiraba Delgado. También en contra del criterio mayoritario, la ex ministra de Justicia se hizo con el puesto y otro candidato y las asociaciones de fiscales AF y APIF recurrieron al Supremo este segundo nombramiento, aún pendiente de resolución.
El ‘caso Delgado’ y otros nombramientos discrecionales han acarreado a García Ortiz las críticas de la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que al igual que hicieron con Delgado le acusan de favorecer a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron ambos.
De hecho, la designación de Delgado para Memoria Democrática y Derechos Humanos supuso que destacados fiscales se dieran de baja de UPF –como el fiscal del ‘procés’ Javier Zaragoza, el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana o la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra– por «el lamentable espectáculo» vivido en el Consejo Fiscal del pasado junio. Fue «la gota que colma el vaso», según señalaron fuentes consultadas por esta agencia de noticias.
EL ‘LAWFARE’ Y LA AMNISTÍA
Otro de los frentes de batalla de García Ortiz es el relacionado con la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados y con el acuerdo suscrito por los socialistas y Junts, donde se habla de crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de ‘lawfare’ y depurar las responsabilidades correspondientes, lo que abre la puerta a sancionar a los jueces y fiscales que encausaron el ‘procés’.
A raíz del acuerdo PSOE-Junts, los fiscales del ‘procés’ –Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– enviaron una carta a García Ortiz pidiéndole «amparo institucional», si bien el jefe del Ministerio Público se limitó a contestarles que «siempre» defendería la «autonomía» de éstos y otros fiscales.
En respuesta, 18 fiscales de la Sala de lo Penal del TS dirigieron su propia misiva a García Ortiz reprochándole que haya «ignorado deliberadamente» la petición de sus cuatro compañeros «ante los injustificados ataques a que están siendo sometidos».
Además, los seis vocales de la AF en el Consejo Fiscal aguardan aún la respuesta del jefe del Ministerio Público a su petición de celebrar un Pleno extraordinario para aprobar una declaración institucional sobre la futura amnistía. García Ortiz, en esa misma carta a los fiscales del ‘procés’, ya anticipó que Fiscalía no se pronunciaría al respecto hasta que hubiera una ley vigente, apelando a su deber de «mantener una posición pública» imparcial.
LA LEY DEL ‘SOLO SÍ ES SÍ’
En este año de mandato, García Ortiz también ha tenido que encarar la gestión de la conocida como ley del ‘solo sí es sí’, que ha provocado más de 1.000 rebajas de pena y más de 100 excarcelaciones a agresores sexuales, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así, fijó criterio en una circular donde instó a los fiscales a oponerse a las rebajas de pena allí donde fuera posible mantener las antiguas condenas con la nueva horquilla penal, una orden que se vio plasmada en una cascada de recursos. Sin embargo, nuevamente desde el Supremo, la Sala de lo Penal echó por tierra esta tesis –la misma que se sostenía desde el Gobierno– al avalar las reducciones operadas por jueces y tribunales.
Otro foco de conflicto fue el ‘caso Miguel Ángel Blanco’. El fiscal Vicente González Mota dejó la causa tras defender que es posible investigar, pese al tiempo transcurrido, para encausar a los ‘cerebros’ del secuestro y asesinato del joven concejal del PP, una opinión no compartida por sus compañeros de la Audiencia Nacional. García Ortiz llevó el asunto la Junta de Fiscales de Sala, que secundó que se investigue determinando la prescripción en el momento procesal oportuno.
Todos estos focos de controversia han propiciado que tanto desde el PP como desde la AF y la APIF se haya reclamado reiteradamente la dimisión de García Ortiz, antiguo fiscal del ‘caso Prestige’, y experto en derecho medioambiental, que aterrizó en el cargo con la promesa de ganar autonomía para la institución a través de una reforma del EOMF que aún sigue en el tintero.
