El Gobierno ha planteado a los agentes sociales en su propuesta de partida para abordar la segunda parte de la reforma de las pensiones que la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años se realice progresivamente entre 2027 y 2038, según consta en el documento entregado a sindicatos y empresarios y al que ha tenido acceso Europa Press.
La propuesta que ha hecho el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a sindicatos y empresarios en relación al periodo de cálculo de la pensión permite descartar los dos peores años de cotización, de forma que la pensión se calculará con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.
En concreto, según la propuesta inicial del Gobierno, el planteamiento del Gobierno es que el periodo de cálculo se vaya ampliando en cinco meses cada año del periodo 2027-2038, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.
Así, por ejemplo, en 2027, año en el que arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, éste alcanzaría los 25 años y cinco meses; en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años, pero con el descarte de los dos peores años cotizados, la pensión se calcularía con 28 años de cotización.
LA PENSIÓN MÁXIMA SUBIRÁ TAMBIÉN CON EL IPC, PERO MENOS QUE LA BASE
Asimismo, en el documento presentado el pasado lunes a los agentes sociales, el Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.
Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.
Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.
A partir de 2050, el Ministerio propone que, en el marco del diálogo social, se determine el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima «hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%».
Tal y como se plantea también para las bases máximas, si la referencia de inflación es negativa, la pensión máxima sólo subirá en el aumento adicional establecido (0,115 puntos hasta 2050, según la propuesta del Gobierno).
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere acordar con los agentes sociales antes de fin de año estos dos hitos que quedan para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Fuentes de la Seguridad Social han señalado a Europa Press que estas propuestas suponen un punto de partida, abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social.
La Seguridad Social también ha planteado en la mesa de diálogo social una mejora en el tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres, así como para los hombres cuya carrera de cotización se haya visto reducida tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género.
Las propuestas del Ministerio contemplan, también, un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.
NADA SOBRE EL MEI
La propuesta inicial del Gobierno a los agentes sociales no incluye ninguna modificación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), por el que se establece, a partir de 2023 y hasta 2032, una sobrecotización del 0,6% a pagar por empresarios y sindicatos para afrontar las tensiones de gasto en el sistema que se derivarán de las jubilaciones de los ‘baby boomers’.
A la Comisión Europea, como ha reconocido el propio ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, no le acaba de convencer el MEI por ser una regla semiautomática, ya que esta sobrecotización se revisará para ver si tiene continuidad a partir de 2032 o se modifica por otra medida distinta. Bruselas es más partidaria de que se extienda hasta 2050.
El Ministerio sigue en conversaciones con la Comisión para tratar de convencerle de las bondades de esta fórmula semiautómatica, aunque, si no lo consigue, finalmente esta sobrecotización podría alargarse hasta 2050, como pide, por ejemplo, CCOO.
