El Gobierno ha subrayado que, entre las acciones competencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encuentra «la reducción del número de personas con discapacidad que viven en entornos institucionalizados», de acuerdo con lo previsto en «la estrategia integral para la desinstitucionalización para el impulso de la vida independiente y priorizando los servicios y apoyos en la comunidad».
Así lo indica en una respuesta por escrito, a la que ha tenido acceso Europa Press, a una pregunta registrada por el grupo parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados.
En su respuesta, el Ejecutivo señala que la desinstitucionalización y el derecho a la vida independiente, en cumplimiento de lo establecido en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la actual Estrategia Europea de Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030, será «un objetivo principal a desarrollar en el marco estratégico nacional de derechos de las personas con discapacidad».
Además, recuerda, citando el preámbulo de la Convención, que los Estados partes reconocen que «muchas personas con discapacidad viven en la pobreza» y destacan la necesidad de hacer frente a las consecuencias que esta tiene.
Por todo ello, insiste en que la promoción de la vida independiente y la autonomía de las personas debe ser «la guía» sobre la que orientar el nuevo marco Estratégico Nacional.
En este contexto, precisa que la recién aprobada Estrategia Española Sobre Discapacidad 2022-2030 plantea entre sus retos estratégicos «desarrollar la prestación de la asistencia personal y apoyos para la vida independiente de las personas con discapacidad, en especial a aquellas con grandes necesidades de apoyo».
También se marca como objetivo, según añade, abordar una estrategia integral de desinstitucionalización que priorice los servicios y apoyos en la comunidad, «prestando atención a paliar las posibles inequidades de acceso por motivos socioeconómicos y el impacto de género que este desarrollo pueda tener».
El Gobierno detalla que en el proceso de diseño de la Estrategia, se han identificado tres claves centrales para el desarrollo de este proceso de transición, la primera de ellas: «Invertir y nutrir alternativas y nuevos modelos de servicios comunitarios».
De esta forma, según indica, las personas que lo deseen podrán, «con los apoyos y cuidados que requieran, permanecer en sus domicilios en el caso de personas mayores, o tener acceso a una vida independiente en el caso de personas con discapacidad, o vivir en un entorno familiar seguro en la infancia».
ALTERNATIVAS DE ATENCIÓN DE PROXIMIDAD
«El distanciamiento de las grandes instituciones sólo podrá llevarse a cabo si se crean y organizan modalidades alternativas de atención de proximidad», remarca.
La segunda clave, según añade, es transformar el sistema de recursos que existen en la actualidad, lo que implica «emprender reformas tanto en sus estructuras como en los modelos de intervención y atención a las personas para que se orienten con base en los derechos y en la dignidad de las personas».
Este proceso de reforma, según señala, debe ser «gradual y acompasado», liderado por las propias personas y acompañado por las Administraciones Públicas y otros agentes «que garanticen las condiciones para reformas y tránsitos seguros y elegidos». «En ningún caso se deberían realizar procesos de colocación de las personas de un lugar a otro, sin tener en cuenta su voluntad y preferencias», advierte.
Además, el Gobierno enumera una tercera clave que consiste en poner a las personas en el centro de los cuidados y los apoyos frente a «los modelos tradicionales y asistenciales» donde «se las considera meras usuarias, receptoras de atención y en general, sus voluntades y preferencias no son tenidas en cuenta, tampoco las de sus familias».
«El giro de la personalización conduce a entender que no se trata solo de que las personas tengan cubiertas sus necesidades más básicas sino que puedan tener vidas dignas y elegidas y, por lo tanto, tendrán un papel protagonista en todas las decisiones que les afecten», apunta.
El Ejecutivo recuerda que será la Secretaría de Estado de Derechos Sociales el organismo encargado de coordinar todo el proceso de diseño y desarrollo de la Estrategia y será responsable de la gestión y supervisión del contrato que se suscriba. Está contemplado un proceso de en torno a 12 meses en los que se abrirán varios procesos de participación y consultas.
El plan de trabajo establecido contempla, entre otras actuaciones: conocer la realidad de la institucionalización en España; conocer las tendencias internacionales de desinstitucionalización; crear un espacio de sensibilización ciudadana y contar con un sistema de indicadores que permita realizar un seguimiento de la ejecución de la Estrategia, entre otras.
Respecto a la infancia en riesgo, el Gobierno explica que se «promueve su cuidado por familias, priorizándose las medidas preventivas de apoyo a las familias de origen para evitar al máximo posible las retiradas de tutela y, en el caso de no ser posible, se prima el acogimiento familiar en cualquiera de sus modalidades frente a la institucionalización de niños, niñas o adolescentes».
