La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha recalcado que la sentencia que exige un 25% de castellano en la educación pública catalana es «de obligado cumplimiento» y debe ejecutarse: «No cabe debate», ha zanjado en los pasillos del Congreso.
Tras conocerse la decisión del Supremo de avalar la sentencia rechazando el recuso de la Geenralitat, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, aseguró que Alegría le había dado garantías de que el Gobierno no iba a adoptar iniciativas para aplicarla, lo que motivó que la oposición haya exigido la comparecencia de la ministra en el Congreso.
En declaraciones a los periodistas, Pilar Alegría ha prometido dar «todas las explicaciones» que se soliciten, pero ha querido dejar claro que el Gobierno no tiene ninguna duda de que esa sentencia debe aplicarse, apuntando a la Generalitat.
«Frente a una sentencia firma no cabe debate: es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública, sea la Generalitat o cualquier ciudadano estamos obligados a cumplir las sentencias firmes», ha dicho.
Fuentes del departamento que dirige Alegría señalaron este miércoles que es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quien tendrá que «pedir la ejecución de la sentencia» y «vigilar» su cumplimiento. No obstante, también apuntaron que transcurridos los plazos legales establecidos, si la Generalitat no cumple la sentencia, el Abogado del Estado, en representación del Ministerio de Educación, podrá intervenir, dado que fue este ministerio, cuando gobernaba el PP, el que inició el proceso que ha culminado con la decisión del Tribunal Supremo.
