El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha insistido este jueves en que el Gobierno no va a «prolongar esta indignidad constitucional hasta 2025», en referencia al bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJS) y, aunque ha reiterado la voluntad del Gobierno de renovar este órgano judicial «con consenso», ha insistido que se analizarán «alternativas para evitar que continúe esta degradación».
Así lo ha trasladado durante la inauguración del 38º Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia, que se celebra estos días en Vigo, y ha explicado que, una vez concluido el ciclo electoral, el Ejecutivo retoma su «deseo» de renovar el Consejo «por consenso, pero urgentemente» y «con el ánimo de restaurar la Constitución en el poder judicial».
Según ha incidido, la «voluntad» del Gobierno es hacerlo «convenciendo a los responsables de este incumplimiento». «Pero no vamos a prolongar esta situación de indignidad constitucional hasta 2025. Ni España ni nuestra democracia puede permitírselo», ha zanjado.
Al respecto, y tal y como avanzó el presidente Pedro Sánchez en las últimas horas, ha explicado que «si el principal partido de la oposición y responsable del bloqueo actual no cumple con el mandato constitucional», se analizarán «alternativas para evitar que continúe esta degradación».
Manuel Olmedo se ha referido, en ese sentido, a la adopción de «medidas tendentes a evitar el pulso partidista y politizado de la Justicia», sobre todo en el nombramiento de los cargos de carácter discrecional, «haciendo ese nombramiento más objetivo, transparente, despolitizándolo».
«REBELDÍA CONTUMAZ» Y «POLITIZACIÓN EXTREMA»
Según ha subrayado el secretario de Estado, el CGPJ «se encuentra actualmente en una situación gravísima de anomalía institucional y constitucional», que afecta al Estado de Derecho y «supone una rebeldía contumaz» de cumplimiento de la Constitución y la Ley del Poder Judicial.
Olmedo ha denunciando que dicha situación provoca una «politización extrema» del CGPJ «por culpa de una mayoría conservadora que lo ha llevado a un deterioro y un desprestigio desconocido hasta el momento».
Así, se ha referido a «iniciativas tan extrañas» como opinar sobre futuras leyes «sin que nadie se lo haya solicitado e incluso antes de conocerlas». Además, ha añadido que el bloqueo de la renovación también tiene un coste económico y en el funcionamiento del sistema, con retrasos en la tramitación de asuntos.
Por ello, ha subrayado, la meta del Gobierno es «restaurar la normalidad constitucional y materializar un consenso en favor de la renovación».
