El Govern catalán ha aprobado este lunes un decreto ley que fija explícitamente la «inaplicación» de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.
Lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patricia Plaja, en rueda de prensa después de que el Ejecutivo catalán se haya reunido de forma extraordinaria para aprobar este decreto el día antes de que finalice el plazo del TSJC para aplicar la sentencia.
El decreto también atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar y asumir «la responsabilidad sobre la legalidad» de los proyectos lingüísticos de los centros educativos para proteger a las escuelas y a los docentes.
