El juez del ‘caso Koldo’ ha pedido este jueves a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que certifique si José Luis Ábalos goza en la actualidad de la «condición de diputado», tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que achaca al ex ministro un «papel relevante» en la presunta trama y pide que sea imputado.
Así las cosas, la actuación del juez Ismael Moreno podría suponer un paso previo a una eventual imputación, dado que para proceder penalmente contra un diputado primero hay que consultar su condición al Congreso y, tras recibir respuesta, tendría que redactar una exposición de motivos para enviarla al Tribunal Supremo, que es el órgano competente para investigar a un diputado.
Con todo, una vez que ha pedido informe a la Fiscalía Anticorrupción, cabe esperar que aguarde su respuesta. Fuentes de la citada fiscalía ya avanzaron a Europa Press que el Ministerio Público estaba pendiente de un informe clave de la UCO para decidir si actuaba contra el ya ex ministro.
En la providencia dictada este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 da traslado al Ministerio Público del oficio de la UCO fechado a 8 de octubre «para su conocimiento» y para que «informe lo que estime procedente en Derecho».
A su vez, el juez –a través de la Presidencia de la Audiencia Nacional– solicita a la Presidencia del Congreso de los Diputados «que expida certificación acreditativa, en su caso, de la condición de diputado de José Luis Ábalos Meco en la actualidad».
El informe de la UCO mencionado por Moreno en su resolución señala que «la enumeración lógica de indicios expuestos hasta este momento ofrece una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo (García), (Víctor) Aldama y la organización criminal dinamizada por este último».
El Instituto Armado sostiene que «se debería investigar qué relación tendría el ex ministro» con la «organización criminal y los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona, actualmente aforada».
COMUNICACIONES SEGURAS
En otro informe reciente, la UCO recoge que Koldo García, el ex asesor de Ábalos, preguntó al agente de la Guardia Civil asociado a la trama e investigado por la Audiencia Nacional antes del estallido de la operación si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el entonces titular de Fomento tenían los teléfonos «pinchados».
Los agentes detallan que Koldo García realizaba solicitudes a Rubén Villalba –el agente investigado– que «revestían un carácter de alta sensibilidad, como pretender conocer si el teléfono» del jefe del Ejecutivo o del que fuera ministro de Fomento «estuvieran intervenidos».
Este informe, que se centra en la presunta participación de Villalba en el caso, revela que el agente de la Guardia Civil se encargaba de asegurar que los supuestos integrantes de la trama pudieran «comunicarse de manera segura y al margen de una eventual acción judicial o policial».
La seguridad era, según la fuerza investigadora, «uno de los aspectos más importantes» para el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, aunque Koldo García «también habría sido dotado» de móviles seguros para sus intereses.
Según el Instituto Armado, el que fuera asesor de Ábalos, utilizó esos dispositivos «sobre todo durante su periodo desempeñando labores profesionales para el Ministerio». El agente que suministró los teléfonos sostiene, además, que Ábalos también utilizó algunos.
«Durante su periodo en el Gobierno y muy raramente fuera de esta posición siempre nos ha pedido telefonía básica, no smartphone, para hacer sus llamadas. En alguna ocasión llegué a ver al exministro Ábalos con alguno de los dispositivos proporcionados por nosotros», aseguró Villalba en una de las comunicaciones intervenidas por los agentes.
Estos informes han sido aportados esta misma semana al procedimiento en el que se investiga a la trama que presuntamente habría percibido comisiones por la venta de mascarillas en plena epidemia de COVID-19.
