El juez Adolfo Carretero, que instruye el caso de las mascarillas, interrogará este lunes en calidad de testigo a la profesora de universidad que facilitó a Luis Medina el contacto del primo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para ofrecer la venta de material sanitario al inicio de la pandemia.
María Díaz de la Cebosa, presidenta de la universidad CIS, comparecerá a partir de las 10.30 horas ante el magistrado en el marco de la instrucción que tuvo su origen en una querella de Anticorrupción por delitos de estafa, falsedad documenta y blanqueo de capitales.
Las acusaciones populares que representan a Podemos y a Más Madrid habían solicitado al juez la declaración de la profesora en calidad de testigo después de que Luis Medina confirmara en su declaración que la directora de esta universidad le facilitó el contacto de Carlos Martínez-Almeida.
El hijo menor de Naty Abascal confirmó ante el juez que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo del alcalde capitalino. «Llamé a Carlos y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser el primo del alcalde, imaginé que me podría dar algún contacto en el Ayuntamiento. Me dio un email que creo que era de Elena Collado», ha señalado.
Según su testimonio, el contacto de Carlos Martínez-Almeida, a quien según dijo, no conocía de nada, se lo habría facilitado la directora de su universidad, María Díaz de la Cebosa.
Estaba previsto que este lunes testificara la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, pero se suspendió la testifical después de que el Grupo Mixto solicitara al juez que se la convocara en calidad de investigada. El juez está a la espera de recibir las alegaciones de las partes para decidir en qué calidad se la convoca a declarar.
Este lunes también comparecerán ante el magistrado instructor dos empleados de banca, Cristina S. y Javier M.. Se trata de una directora de la sucursal del Deutsche Bank en la que Luis Medina ingresó el millón de euros que recibió de comisión y del director de la oficina de Caixabank en la que Alberto Luceño ingresó los cinco millones de euros que cobró.
Ante el fiscal anticorrupción, estos testigos manifestaron que cuando recibieron las transferencias desde la empresa malaya Leno se les solicitó que aportaran el origen y la naturaleza de los fondos.
