El juicio a José Manuel Villarejo se reanudará este lunes con el testimonio del inspector Gonzalo Fraga, el policía que comenzó a investigar los trabajos que el comisario habría hecho a título privado, un asunto que ha derivado en la macrocausa ‘Tándem’, de la que ahora se juzgan tres piezas separadas por los proyectos conocidos como ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’.
Fraga, inspector de la Unidad de Asuntos Internos que comparece como testigo, inició su declaración en la sesión del pasado 27 de enero, donde fue interrogado por los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y César de Rivas, si bien aún queda que los representantes del Ministerio Público concluyan sus preguntas y que las demás acusaciones y las defensas lancen las suyas.
El testigo reivindicó la legalidad de los primeros registros que se hicieron en las casas y oficinas de Villarejo, su socio Rafael Redondo y su grupo empresarial, CENYT, así como la cadena de custodia del material encontrado en ellas, uno de los pilares probatorios del conjunto de la macrocausa, formada por una treintena de piezas separadas.
El propio Serrano, al ser interpelado varias veces por la magistrada Ángela Murillo, que le instó a centrarse en los hechos juzgados, explicó que es importante dibujar el «cuadro indiciario» que llevó a estas inspecciones porque numerosas defensas, incluida la de Villarejo, pidieron durante las cuestiones previas que los archivos hallados sean declarados nulos, una decisión que el tribunal ha aplazado a la sentencia.
El ahora comisario jubilado alega que los registros fueron fruto de una «investigación prospectiva» dirigida por Asuntos Internos y CNI como venganza por las supuestas irregularidades que él había denunciado, aseverando que en ese momento no había indicios suficientes para peinar sus inmuebles ni para buscar más allá del proyecto ‘King’ –el primero de ‘Tándem’–.
LAS CAJAS FUERTES
Fraga, en cambio, aseguró que comenzó a investigar a Villarejo por este asunto en mayo de 2017, porque su entonces jefe, Francisco Javier Migueláñez, le indicó que la Fiscalía Anticorrupción había emprendido unas pesquisas a raíz de una «denuncia anónima» sobre supuestas ilegalidades cometidas por el que fuera comisario jefe del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, y por Villarejo.
Según el testigo, ya «totalmente esclarecido» el origen de la denuncia y vinculado «objetivamente» Villarejo a una red empresarial, CENYT, que parecía implicada en una operativa de blanqueo de dinero, procedieron a los registros y la detención del comisario y los demás sospechosos siguiendo las órdenes plasmadas por el juez instructor en sus autos de principios de noviembre de 2017.
El inspector sostuvo que fueron escrupulosos a la hora de filtrar, de la gran cantidad de archivos encontrados, los que guardaban relación con la causa y los que no. De acuerdo con su testimonio, los papeles pudieron revisarlos rápidamente y llevarse solo los relevantes –«menos del 1%–, pero los archivos digitales eran tantos que no pudieron hacer un volcado, por lo que optaron por incautarlos. «Era o llevárselo o dejarlo, no había término medio, ni humana ni técnicamente», dijo.
Todo quedó guardado en la sede de Asuntos Internos, con «vigilancia física 24 horas». Concretamente, en un armario del que solo él tenía llave y donde había dos cajas fuertes en las que se depositó el material hasta que, según el calendario pactado con la Audiencia Nacional, se lo fueron entregando en un proceso que se prolongó hasta finales de ese noviembre, expuso.
Como estaba «preocupado», porque ya empezaban a aflorar noticias en prensa, enganchó la llave a su llavero y se la llevaba a casa. Solo él abría las cajas fuertes, algunas veces en presencia de otros compañeros, para «contarlas» e ir indicando a la AN qué quedaba por remitir. Excepto una vez que cedió la llave a un compañero, porque él tuvo que ausentarse dos días, si bien subrayó que «está todo documentado». «La custodia nunca se perdió», zanjó.
TURNO DE LAS DEFENSAS
Se espera que las defensas que plantearon la nulidad de estos registros y del material incautado incidan en sus preguntas a Fraga en los pasos que se dieron hasta que todos esos archivos en soporte papel y digital, incluidas las grabaciones que el propio Villarejo hacía de las conversaciones que mantenía con terceras personas, quedaron en poder de la Audiencia Nacional.
Fraga ha sido el primer testigo en declarar en este triple juicio por ‘Tándem’, después de que casi cuatro meses de vista oral en los que hasta ahora han hablado los acusados, más de 30 entre personas físicas y jurídicas.
El principal encausado es Villarejo, que se enfrenta a una condena de 109 años de cárcel. Durante el juicio, ha defendido que CENYT era en realidad una tapadera de los trabajos que hacía como agente de Inteligencia para Policía y CNI. Serrano señaló en las primeras sesiones que, aunque así fuera, lo que es «intolerable» es que se lucrara con ello usando la estructura empresarial también para sus negocios privados.
