La Audiencia Provincial de Madrid acogerá desde este lunes, día 7, el macrojuicio contra los 23 procesados por organizar tanto a nivel nacional como internacional peleas ilegales de perros, a los que administraban sustancias dopantes para mejorar su rendimiento y sometían a un «cruel maltrato» desde su nacimiento.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado un total de 102 años de prisión para los 23 miembros por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos, según los casos.
La red fue desarticulada en 2017 en un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional que permitió rescatar a 230 perros potencialmente peligrosos preparados para participar en peleas de perros. En la Comunidad de Madrid, operaban seis de los procesados, con los apodados como ‘Rafa’ –el «maestro»– y ‘Profe’ como líderes principales, así como un veterinario que colaboraba con la organización.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público señala que la red adiestraba a perros de razas potencialmente peligrosas a base de fármacos y sustancias dopantes «muy perjudiciales para los canes» con el objetivo de que fueran más agresivos y así mejorar su rendimiento, recuperación y aumento muscular. Así, los animales estan sometidos a una situación de «cruel maltrato» desde su nacimiento, con castigos, alimentación inadecuada y «duros» entrenamientos físicos.
Desde la Fiscalía se remarca que incluso se llegaba a utilizar cintas de correr para desarrollar sus capacidades musculares y resistencia aeróbica «llevando al animal hasta su extenuación». Si el perro no moría en la pela y resultaba gravemente herido lo utilizaban como «sparring» o les mataban «cuando ya no les eran de utilidad para sus fines, desplazándose los miembros de la organización por todo el territorio nacional o al extranjero, con el único objeto de medir el grado de aptitud de un perro para la pelea».
Entre los miembros de esta organización existía una división de funciones y también territorial con grupos «claramente» identificados que actuaban en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga. En sus territorios formaban pequeños grupos interconexionados entre sí que, a su vez, tenían ramificaciones a nivel internacional, para llevar a países como Italia, Francia, México, Tailandia o Emiratos Árabes «a los perros que destacaban por su agresividad».
La Fiscalía señala también que cada grupo se repartía las funciones de forma jerárquica, de modo que mientras unos se encargaban de organizar las peleas, otros se dedicaban a criar y entrenar a los perros y un tercer grupo participaba en los eventos «apostando en los mismos».
Los acusados, muchos de ellos criadores de perros peligrosos, pactaban por escrito antes de la celebración de cada pelea las condiciones del combate, el dinero que se jugaban, peso de los perros que iban a luchar, penalización en caso de no comparecer, árbitro, fecha y lugar. En estas actividades solo podían participar los miembros de la organización, «u otras personas que fueran apadrinadas por uno de sus miembros, encontrándose todos los miembros de la organización especializados en esta materia, y disponiendo de una jerga propia», según el escrito de acusación.
IMPLANTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID
En el caso de la Comunidad de Madrid, el líder era conocido como ‘Rafa’, con un papel de claro liderazgo dentro de la organización –el «maestro»– y se encargaba de mantener los contactos fuera de España. En concreto, en un papel de «cazatalentos», tenía varios perros que criaba en una finca de Batres y allí celebraba «topas» (enfrentamientos previos a una pelea) con el fin de seleccionar a los más agresivos y mejor entrenados de cara a promover su lanzamiento a peleas internacionales, «donde el lucro obtenido siempre era muy superior».
En el registro practicado en su finca se hallaron 22 perros «en estado lamentable de salud e higiene». La mitad de ellos fallecieron debido al estado de salud en que se encontraban, «siendo necesario practicar además a varios de ellos eutanasias humanitarias».
En otra finca situada en el término municipal de Fuente El Saz de Jarama, se localizó otro criadero de perros para adiestramiento en un ring para la celebración de las peleas. Además, realizaba funciones de asesoramiento a otros miembros del grupo en materia de cría, cuidado y adiestramiento, de los animales.
En su finca se encontraron 17 perros, la mayoría hembras para crianza, algunos de ellos con cicatrices y heridas abiertas, atados a cortas cadenas y rodeados de suciedad y excrementos». En este lugar, otro de los acusados era el encargado de supervisar las funciones de adiestramiento y suministraba a los perros «medicación específica para potenciar su agresividad de cara a la celebración de las peleas, tratándose de fármacos y sustancias dopantes muy fuertes y perjudiciales para la salud de los canes».
Entre el grupo de seis acusados que operaban en la comunidad de Madrid se encuentra también un veterinario encargado de facilitar el soporte documental administrativo necesario para la identificación, transporte y tenencia de los perros, «medicación que es de exclusivo suministro veterinario».
Al mismo tiempo aportaba sus conocimientos sobre el tratamiento médico de los perros, «a sabiendas de la ilícita actividad que los demás acusados estaban practicando» con los perros.
Según la Fiscalía, el acusado era perfecto conocedor del estado en que se encontraban los perros y del origen de sus heridas, «evitando con sus consejos que los perros tuvieran que ser trasladados a una clínica veterinaria donde se sospecharía de las heridas presentadas y del estado de los animales».
