El Parlament ha aprobado este miércoles que la Conselleria de Educación de la Generalitat asuma «la plena responsabilidad política y jurídica en la instrucción y aplicación» de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas, después de que Tribunal Supremo haya avalado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fijaba un 25% de castellano en las clases.
El texto aprobado forma parte de una moción de la CUP, que ha contado con el respaldo de ERC, Junts, CUP y comuns, y el voto en contra de PSC, Vox, Cs y PP; además, la Cámara ha rechazado otras dos mociones de Cs y PP que pedían que se cumpla el «mínimo obligatorio» del 25% de horas lectivas en castellano y catalán, y que se acate la sentencia del TSJC.
También se han aprobado los puntos de la moción ‘cupaire’ que piden que el Govern garantice que el catalán sea lengua vehicular, que se aplique la inmersión lingüística en todas las escuelas y que defienda y proteja las decisiones del Parlament en materia de modelo lingüístico, y también se ha aprobado una enmienda de los comuns para atender las demandas de los profesionales de acogida en las aulas.
La moción de Cs ha contado con una enmienda del PSC que pedía condenar «cualquier tipo de escrache, coacción, amenaza, injuria y acoso» a alumnos y familias, y en especial en el caso de Canet de Mar (Barcelona), donde una familia ha pedido que se aplique el 25% de castellano; y este punto ha contado con el apoyo de PSC, Vox, Cs y PP y el rechazo de ERC, Junts, CUP y comuns.
DEBATE DE LOS GRUPOS
La socialista Esther Niubó ha llamado al Govern a abordar con todos los grupos parlamentarios la situación tras la sentencia del Supremo, que ha insistido en que «no supone ni la muerte ni el fin del catalán» en las escuelas, en las que debe seguir siendo lengua vehicular, aunque puede haber otras lenguas vehiculares, como el castellano y el inglés, según Niubó.
Mònica Palacín (ERC) ha pedido al debatir la moción de la CUP evitar «soluciones mágicas» –como dijo la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, después de que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, planteara que el Govern asumiera la dirección del centro de Canet–, y ha pedido al PSC acudir a la manifestación de Somescola del sábado, tras decir a Vox que el español no existe, sino que se debe hablar de castellano, según ella.
El diputado de Junts Pep Riera ha puesto ejemplos de testimonios de personas que llegaron a Cataluña desde el resto de España y defienden la inmersión lingüística, y ha acusado a PP, Cs y Vox de actuar como «dignos herederos de los que durante siglos han perseguido la lengua catalana», y de utilizar el sistema judicial para modificar leyes aprobadas por mayorías casi unánimes, según él, en el Parlament.
Por su parte, Sergio Macián de Greef (Vox) ha augurado que «si el separatismo no señalara a los niños, miles de familias pedirían la enseñanza también en castellano», en referencia al caso de Canet, y ha sostenido que el debate lingüístico en Cataluña no va de lengua sino de identidad y de excluir el castellano.
El diputado de la CUP Carles Riera ha criticado que ha habido «carencias y negligencias en la aplicación» de la inmersión por parte de los Ejecutivos catalanes, y ha censurado que hayan acatado las sentencias sobre inmersión y hayan renunciado, a su juicio, a defender lo aprobado por el Parlament en esta materia.
La diputada de los comuns Jessica González también ha acusado a las administraciones de «relajarse» en los últimos años en la aplicación del modelo lingüístico y al Govern de una falta de actualización del mismo, tras lo que ha defendido que las políticas lingüísticas no pueden estar supeditadas al presupuesto de la Conselleria de Cultura.
El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha señalado que la sentencia del 25% de castellano «no es porque los tribunales diseñen estrategias pedagógicas, sino porque la Generalitat no cumplía» con las proporciones en las aulas, y ha pedido la reprobación del conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por enviar, según él, una carta a funcionarios para pedirles incumplir la sentencia.
El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado que el modelo de inmersión lingüística no es efectivo, vulnera los derechos lingüísticos de una parte de la sociedad y no ayuda a la protección del catalán, y ha defendido que esta sentencia, «aunque plantea un cambio tímido, puede acabar siendo positivo».
