El parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha reconocido que el conocido como caso ‘De Miguel’ es «de enorme gravedad», pero ha subrayado que se ha demostrado en los tribunales que no hubo financiación irregular por parte del partido.
En un debate en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido al hecho de que el Tribunal Supremo haya confirmado esta semana las principales condenas a los tres exdirigentes del PNV en Álava por corrupción en relación con el conocido como caso ‘De Miguel’.
En este sentido, el parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha reconocido que a la formación jeltzale le produce «dolor» que el caso surgiera desde «gentes del PNV», ya que se trata de un «asunto de enorme gravedad».
No obstante, ha criticado que «algunos» creyeron encontrar con el caso «la manera de poner en solfa la financiación del PNV» y ha advertido que se llegó a hablar de «casos de espionaje y de que el montante superaba los 500 millones». «Lo que se ha demostrado es que no había ni financiación irregular ni enriquecimiento ilícito, sino actuaciones irregulares de gentes que tenían el carnet del PNV», ha matizado.
A su juicio, «a muchos les hubiera gustado que hubiera financiación irregular», pero se trata de una cuestión que no ha quedado demostrada en los tribunales.
Por contra, ha valorado que el PNV reaccionara «de manera ejemplarizante, con celeridad y claridad». «Nadie se aferró a sillones, ni se dejó aferrarse a nadie a sillones. No se destruyeron pruebas ni se han hecho indemnizaciones en diferido», ha añadido.
Del mismo modo, ha considerado «irreprochable» el hecho de que el Gobierno vasco y las diputaciones de Álava y Vizcaya se personaran también como acusación para garantizar la defensa del interés público.
Por último, ha asegurado que se trata de «un caso complejo» que, sin embargo, «no puede servir de excusa para justificar los 13 años de calvario».
PSE-EE
Desde el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, el parlamentario Ekain Rico ha manifestado que «más allá de la dilación del proceso», los socialistas ratifican su confianza en la justicia y respeto a las decisiones adoptadas.
En esta línea, ha valorado el trabajo de los órganos judiciales y de la Ertzaintza, y ha incidido en la necesidad de «apartar a este tipo de personas de la política y del ámbito institucional, si se quiere que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones».
«Los socialistas reclamamos que cuando la sentencia fuera firme, se apartara del ámbito laboral a quienes mantenían relación con el Gobierno Vasco. Creemos que ha sido importante que se tome la decisión una vez conocida la sentencia», ha destacado.
Asimismo, ha resaltado que «no hay que restar un ápice de gravedad al caso», que pone de manifiesto que «el supuesto oasis vasco no existe y también se dan prácticas de corrupción».
«Los partidos políticos que llevan tiempo implantados se encuentran con gente que, valiéndose de su puesto institucional, hacen políticas corruptas y, si no somos contundentes en la condena, es terrible. Contundente con lo propio y con lo ajeno», ha concluido.
