El PP ha pedido personarse en el caso de Plus Ultra tras la concesión de «manera absolutamente irregular de 53 millones de euros de fondos públicos» a esta aerolínea y ha advertido de que, aunque afecta a altos cargos de la administración, en los presuntos delitos cometidos «incluso podrían resultar involucrados algunos miembros del Gobierno», dado que estas ayudas se conceden «por acuerdo del Consejo de Ministros que otorga su preceptiva aprobación».
Así se recoge en el escrito, a que ha tenido acceso Europa Press, que el PP ha presentado en el juzgado de instrucción número 15 de Madrid cuatro días después de que el propio líder del PP, Pablo Casado, anunciase que su partido se iba a personar en este caso porque «huele muy mal» y el Gobierno no está ofreciendo explicaciones.
La pasada semana una juez abrió diligencias contra el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración de la SEPI en relación con una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea.
«GRAVEDAD INCUESTIONABLE»
El PP pide ser parte del procedimiento ejerciendo la acusación popular alegando que han conocido a través de los medios la apertura de esa instrucción en sede judicial del caso Plus Ultra sobre la concesión de «manera absolutamente irregular de 53 millones de euros de fondos públicos» a esa compañía.
Según el partido, resulta de una «gravedad incuestionable» la apertura de procedimiento contra los miembros del Consejo de Administración de la SEPI como «cooperadores necesarios,
por un presunto delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias».
Además, destaca que esos hechos, que observan «evidentes indicios de criminalidad por los presuntos delitos mencionados, afectan a altos cargos de la administración e incluso podrían resultar involucrados algunos miembros del Gobierno, toda vez que finalmente estas ayudas resultan concedidas por acuerdo del Consejo de
Ministros que otorga su preceptiva aprobación».
De hecho, el PP recuerda que la propia ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció en una rueda de prensa que el Gobierno había autorizado esta operación con
cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.
«DIMENSIÓN PÚBLICA» DE LOS POSIBLES DELITOS
Esa operación, añade el escrito, consistía en un préstamo participativo de 34 millones de euros y un préstamo ordinario de 19 millones de euros, por lo que resulta de un valor total de 53 millones de euros.
«Todo ello, en definitiva, determina que los hechos encausados resultan de una indiscutible gravedad en cuanto a delitos públicos de indudable trascendencia social y donde resulta esencial el restablecimiento y defensa de la legalidad, lo que justifica, aún
más si cabe, la personación de un partido político en la causa», agrega.
Por eso, el PP dice que es «el momento procesal oportuno para comparecer en el ejercicio de la acusación popular, con anterioridad a la apertura del juicio oral, y pese a desconocer lo instruido hasta el momento», dado que, según subraya, de lo conocido hasta ahora «se
infiere la dimensión pública de los posibles delitos cometidos y como afecta al interés de los ciudadanos».
El partido de Pablo Casado recuerda que se reconoce el ejercicio de la acusación popular a «cualquier ciudadano español, persona jurídica e incluso partidos políticos, sin necesidad de invocar lesión de interés propio, sino mera defensa de la legalidad».
Además, precisa que la sentencia de 30 de mayo de 2003 del Supremo establece que, e el caso de que la personación fuese en una causa ya iniciada, «la querella no es exigible». Por eso, indica que dado que el presente proceso judicial se encuentra «ya iniciado, resulta innecesaria la interposición de querella alguna, siendo suficiente» el escrito de personación.
