El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a reformar la Ley del Indulto, de modo que no puedan concederse a personas condenadas por rebelión y sedición, como en el caso del ‘procès’; la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales judiciales del CGPJ; y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la imparcialidad del fiscal general del Estado.
La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, pretende que el Gobierno cambie la Ley del Indulto «para que no puedan ser indultadas aquellas personas que hayan sido condenadas por los delitos de rebelión y sedición».
Busca asimismo que establezca reglas precisas con la intención de «reducir la discrecionalidad del Gobierno» y, en concreto, propone que los informes que deben emitir la Fiscalía y el tribunal sentenciador sean vinculantes en casos de «delitos de especial gravedad», de tal forma que el Ejecutivo no pueda indultar cuando alguno de los dos se oponga.
El PP entiende que esta reforma legal es necesaria porque la actual norma, de 1870, «recoge un catálogo de situaciones procesales excluidas de la aplicación del indulto» pero «no recoge un catálogo de delitos a los que no sea aplicable» la medida de gracia, por lo que no tiene en cuenta ni el tipo penal ni el bien jurídico lesionado.
Los ‘populares’ argumentan que «las preocupantes noticias que cíclicamente aparecen sobre la eventual concesión del indulto por el Gobierno a quienes han sido condenados por la comisión del delito de sedición, entre otros, en la causa conocida como ‘procès’, causan el rechazo de gran parte de la sociedad».
A su juicio, el indulto debe ser un «recurso excepcional» que «solo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran las razones de justicia, equidad o utilidad, algo que en absoluto se da en este caso».
«Utilizar esta figura jurídica como moneda de cambio con fines políticos partidistas subvertiría la propia naturaleza de la gracia del indulto, supondría un ataque a los pilares básicos de la democracia, como son la separación de poderes y la igualdad ante la ley, y rompería las reglas de convivencia de la sociedad española», advierte el PP.
QUE DELGADO SE ABSTENGA DE CIERTOS CASOS
Los de Pablo Casado piden igualmente al Gobierno que emprenda «una profunda reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al objeto de garantizar, entre otras cuestiones, la imparcialidad del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE)».
En este punto, el PP ha vuelto a criticar que la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, haya pasado al cargo inmediatamente después de ser ministra de Justicia del actual Gobierno, instando a Moncloa a pedir a la Abogacía del Estado que exija su abstención en los casos que la afectan por razón de su anterior puesto.
En términos generales, plantea establecer un «sistema objetivo» para elegir al fiscal general del Estado, abogando por impedir que acceda al cargo «todo aquel que haya desempeñado un cargo político o de confianza política en los diez años anteriores a su nombramiento» y por que el Consejo General del Poder Judicial tenga un mayor peso en la designación del jefe de la FGE frente a la «pura audiencia» que rige ahora.
El Partido Popular también quiere que se refuercen los «contrapesos» al ejercicio de las funciones del fiscal general aumentando las competencias y atribuciones del Consejo Fiscal, «al objeto de impedir la arbitrariedad sucedida, por ejemplo, con la discrecionalidad con la que se han convocado y resuelto los concursos de las plazas vacantes de fiscales que deben ser provistas por libre designación».
Además, estima necesario «dotar de una mayor transparencia las comunicaciones entre el Gobierno y la FGE». Y, para ello, propone que estas comunicaciones se publiquen en la memoria anual del Ministerio Público y que haya una «coetánea dación de cuentas al Congreso de los Diputados», favoreciendo así la labor fiscalizadora de las Cortes sobre Ejecutivo y Fiscalía.
JUECES ELEGIDOS POR JUECES
Por último, el Partido Popular emplaza a Moncloa a reformar la LOPJ para que los doce vocales del CGPJ que proceden de la carrera judicial «sean elegidos directamente por y entre todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales y que se encuentren en servicio activo».
Los ‘populares’ hacen esta exigencia frente a lo que consideran un «persistente acecho» al Poder Judicial por parte del Gobierno debido a la reforma aprobada que limita las funciones del CGPJ cuando ha expirado su mandato y a la propuesta –ya retirada– para reducir la mayoría parlamentaria por la que se elige a los vocales.
Al hilo de esto, también solicita que se garantice la participación del Poder Judicial en las reformas que le afecten. Así, expone, tendrá que ser escuchado siempre mediante la evacuación de informes que deberán tener carácter preceptivo.
POR PROYECTO DE LEY
El Partido Popular explica que ha presentado esta proposición no de ley –en lugar de una proposición de ley– porque al ser reformas de tal calado deben tramitarse por la vía del proyecto de ley, con la que es obligatorio recabar una serie de informes técnicos, incluido uno del CGPJ.
«Aunque los grupos parlamentarios y los diputados cuentan entre sus competencias con la iniciativa legislativa, hay determinadas normas que deberían ser impulsadas por el Gobierno mediante el proyecto de ley contando con todos los informes necesarios que se aportan en el proceso de creación de normas por órganos como el Consejo de Estado», esgrime.
El PP y otros partidos han criticado a Moncloa que haya recurrido a las proposiciones de ley para eludir estos informes y que, en algunos casos, habiéndolos solicitado no los haya publicitado.
